El vertedero de desechos a cielo abierto, el reordenamiento territorial de la ciudad, el desorden del tráfico vehicular, el pavimento destruido de las calles y la cuantiosa deuda municipal por el servicio de energía eléctrica son de los tantos problemas que afligen a los quetzaltecos, y no se vislumbra una solución integral para el bienestar de los vecinos. 

Por Byron Mazariegos/La Prensa de Occidente

Cuando redactaba esta nota, algunos sectores de Quetzaltenango se quedaron a oscuras una vez más, como “es costumbre”, me dijo el hombre que estaba sentado a la par mía en el café internet. Desde mi celular revisé, las redes sociales se encendieron, los vecinos denunciaron su inconformidad. Hay miles de excusas, desde que una rama de un árbol destruyó un cable hasta anunciar que trabajan para mejorar la red, el caso es que Xela sufre frecuentemente bajones de energía y apagones que llegan a durar hasta seis horas, lo que trae consecuencias económicas para los vecinos.

Un problema heredado

En los últimos 10 años, las autoridades ediles crearon un círculo vicioso que acumula la deuda por el pago de energía eléctrica, esta sobrepasa la capacidad financiera de la Municipalidad, lo cual ha creado un efecto dominó, dejando así pendientes varios proyectos de desarrollo para las comunidades, pues entre más deuda menos inversión, como la introducción del servicio de agua y electricidad en algunas aldeas.

La comuna de Quetzaltenango debe, desde 2009, Q1 mil 373 millones 995 mil 831.37 al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), de acuerdo con la División de Contabilidad de esta institución. Se conoce que solo en intereses son un poco más de Q18 millones. Mientras la Municipalidad dice que son Q153 millones los que debe.

Desde que Jorge Rolando “Mito” Barrientos ocupó el cargo durante 12 años, el problema no se resolvió. Lo único que hizo fue decretar un alza en febrero de 2014, entre Q0.8 y Q0.20 por kilovatio hora, sin embargo, al poco tiempo dio marcha atrás. En enero de 2016 junto a la vara edilicia, Barrientos también dejaba esos inconvenientes al actual alcalde, Luis Grijalva.

Barrientos no solventó los problemas que acarreó durante los años de administración relacionados con el servicio de energía eléctrica, diez solicitudes de antejuicio en su contra le ocupaban la mayor parte de su tiempo, tramitados en la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal, del Centro Regional de Justicia. La mayor parte de estas, promovidas por el equipo jurídico del INDE.

El desvío millonario

Debido a esos diez procesos de solicitud del retiro de inmunidad contra Barrientos, el entonces jefe edil perdió su derecho de antejuicio en 2013, y pasó a ser investigado por el aparente desvío de Q1 millón 800 mil, se cree que estos recursos habrían provenido de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), lo cual confirmó la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El INDE agotó todas las instancias y logró en firme cuatro procesos judiciales por Q900 millones que debía cancelar la EEMQ, de acuerdo con el licenciado Josué Cum Chávez, subjefe de asesoría legal del INDE.

En opinión de las propias autoridades del INDE, el artículo 53 de la Ley General de Electricidad es claro al señalar que los adjudicatarios del servicio de distribución están obligados a contar con contratos vigentes suscritos con empresas generadoras que le garanticen el requerimiento total de potencia y energía eléctrica. Esos contratos nacen de un proceso de licitación pública, el cual no realizó la EEMQ.

Los “electrovotos”

A decir de expertos, los políticos que han tenido como objetivo la silla edilicia siempre buscan los “electrovotos” en época de campaña. Ofrecen a los usuarios bajar los costos de la energía eléctrica a cambio de que voten por ellos, pero al final lo que provocan es incrementar la deuda, existe un pliego tarifario que lo regula el subsector eléctrico, en este caso es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Acciones así redundan en una violación a las reglas, pues si cobran debajo de la tarifa regulada, ponen en riesgo la parte técnica y administrativa de las Empresas de Energía Municipal (EEM) en todo el país.

Si el pliego tarifario oficial que se ajusta trimestralmente tiene un incremento de un centavo, ese centavo se lo trasladan las distribuidoras de energía, si hay una reducción, esa reducción de igual forma se la trasladan, esa debe ser la dinámica, pero lo que hacen buena parte de las empresas de energía eléctrica municipales es que tienen el precio regulado y se aferran a cobrar solo el 40 por ciento de este. Eso va en detrimento de la parte operativa de las EEM.

Malas decisiones

Con la dinámica administrativa descrita anteriormente, de ajustar tarifas a su antojo, la EEMQ no logra recaudar los ingresos para pagar su factura mensual de energía eléctrica, que asciende a Q14 millones, de los cuales apenas en muchas ocasiones solo cancelan Q6 millones, no ayuda ni siquiera para mermar la deuda de intereses y ni se cuenta con un convenio de pago.

Arrastre en otras comunas

Para el Instituto de Fomento de Municipal (Infom), la ley solo le permite asistir a las comunas de forma técnica, administrativa y financiera, y en este último es solo para inversión y proyectos de agua potable y vivienda. Además, muchas municipalidades no acatan al pie de la letra el tarifario trimestral de la CNEE, por ello se endeudan, según Juan Pablo Ligorría, expresidente de la institución.

Pero el arrastre de las municipalidades no queda ahí, 81 comunas, de las 297 que cubren la Distribuidora de Electricidad de Oriente (Deorsa) y la Distribuidora de Electricidad de Occidente (Deocsa), conglomerados de Energuate, deben Q176 millones por la energía que consumen para alumbrado público.

Tiago Pereira de Queiroz, gerente regional para Centroamérica, el Caribe, México y Brasil, de la firma Feilo Sylvania, que desarrolla proyectos de alumbrado público y tendencias de tecnología LED, indica que sería propicio replicar el modelo que realizó Costa Rica sobre ahorro energético, distribuyendo en sus comunidades lámparas LED a cambio de focos incandescentes. 

La ruta

El Concejo Municipal aprobó, a finales de marzo de este año, las bases para licitar la compra de energía eléctrica a otros proveedores, estos deben tener la opinión de la CNEE, luego subirla a Guatecompras para que las empresas puedan ofertar y determinar los precios. Diego Morales, síndico municipal, dice que fueron multados con Q300 mil quetzales por no licitar una compra, y que en cierta medida es una presión para que se haga el proceso de licitación y reajustar la tarifa a los usuarios. 

Las comunas con mayor adeudo

Quetzaltenango, Q1 mil 373 millones 995 mil 831.37, Huehuetenango Q116 millones 669 mil 809.66 y Gualán, Q73 millones 116 mil 565.63.

Entre las tres deben más de Q1 mil 514 millones. 

Otras comunas 

Puerto Barrios, Jalapa, Guastatoya, Zacapa, Retalhuleu, Joyabaj, San Pedro Pinula, San Marcos, Santa Eulalia, San Pedro Sacatepéquez y Playa Grande. En total 14 comunas le adeudan al INDE Q1 mil millones 971.97.

 

El INDE agotó todas las instancias y logró en firme cuatro procesos judiciales por Q900 millones que debía cancelar la EEMQ, dice Josué Cum Chávez, subjefe de asesoría legal del INDE.