El informe presentado en mayo pasado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) da detalles en relación a los hallazgos encontrados durante la gestión 2017 del Concejo Municipal de Quetzaltenango.

 Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

Uno de los señalamientos con el numeral 10, titulado “Cheques emitidos a nombre de funcionarios y empleados municipales”, determina que la concejal segundo, Mirta Cedema García Bámaca, cuando fungió como presidenta de la Comisión de Exposiciones Piso de Plaza durante la feria de Independencia, emitió y firmó un cheque a su nombre, por la cantidad de Q38 mil 94.52, monto que serviría para pagar el salario a los empleados temporales, correspondiente al mes de septiembre.

De acuerdo con el informe de la CGC esta acción no fue correcta, pues los pagos a empleados debieron ser “por medio de cheque váucher emitido directamente y en línea por medio del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal a nombre del proveedor, por abono a una cuenta monetaria a través del sistema bancario, de forma directa por medio de un cheque váucher emitido por el Sistema Integrado de Administración Financiera vigente”, dice textualmente la CGC.

La justificación de la funcionaria fue que no se contaba con una chequera propia de la comisión para realizar los pagos correspondientes. “Fue un caso especial porque debía pagarles a todos los colaboradores, pero hemos tomado en cuenta las recomendaciones de la Contraloría”, indicó García.

“Hemos iniciado con la planificación de trabajo apegados a las recomendaciones de la Contraloría y con acompañamiento de la Auditoría Interna y del Juzgado de Asuntos Municipales”, detalló la funcionaria.

El efecto, según la CGC, es que al utilizar el procedimiento de hacer cheques a nombre de empleados o funcionarios públicos existe el riesgo del uso indebido de los fondos públicos.

Para el abogado Carlos Martínez Ríos, el actuar de la concejal pudo tener consecuencias penales, ya que el hecho pudo haberse encuadrado en el delito de “malversación de fondos”, el cual tiene una pena de dos a seis años de prisión. “Si los auditores no hubiesen considerado los argumentos de la funcionaria, en lugar de una sanción monetaria tuviera una denuncia penal, es importante que se tome en cuenta esta situación y sirva de ejemplo para que las labores como servidores públicos sean las más correctas”, agregó.

“Cuando no hay un buen control interno en las instituciones se dan estas desviaciones que quizás no son de mala fe, pero los controles internos son violados y cuando ocurren violaciones a los controles internos se dan estas sanciones de parte de la CGC, es un llamado de atención para que los funcionarios públicos actúen y planifiquen de mejor manera de esa cuenta se pueden evitar hallazgos y sanciones”, comentó Otto Vargas, presidente del Grupo Gestor.

 

La CGC sancionó a la concejal Mirta García con una multa de Q6 mil 608.02; este año, de nueva cuenta, la funcionaria es la presidenta de la Comisión de Exposiciones Piso y Plaza