Jimmy Morales desató una batalla entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, al manifestar que no se prorrogará más el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), además de vetar el ingreso al país, del Comisionado de este organismo internacional.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

Analistas consultados por La Prensa coinciden en que las decisiones del presidente han provocado incomodidad entre guatemaltecos y la comunidad internacional, lo cual no es sano para el país, dado que existe la posibilidad de un rompimiento en las relaciones internacionales, además del desorden constitucional.

Allan Estrada Morales, de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, señala que la acción de no prorrogar más el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demuestra la discrepancia entre lo conveniente y lo legal, es decir, su decisión se encuentra legalmente fundamentada en el convenio de Viena, sin embargo, por ética, Morales no debió actuar de ese modo, ya que se le ha señalado de actividades ilícitas.

La segunda acción, según Estrada, es la que más evidenció el rechazo del Presidente hacia el jefe de la Cicig, lo que lleva a pensar que su inconformidad no es en contra de la entidad, sino de quien encabeza las investigaciones en su contra. “Esta es una pugna entre la legalidad y la ética, es decir que por ética en vez de vetarle el ingreso a un alto diplomático de las Naciones Unidas debió renunciar y someterse a investigaciones”, señala Estrada.

Y es que el resentimiento del mandatario hacia el jefe de la Cicig, viene desde el primer caso judicial que se inicia en contra de su hijo y su hermano. Posterior a ello se viene el primer señalamiento en su contra, lo que generó, que en agosto de 2017, Jimmy Morales declarara al comisionado como “Non Grato”.

“Lo ideal hubiera sido que quien cesara el mandato de la Cicig fuera un presidente que no estuviera señalado de corrupción”, añade Estrada.

El sociólogo René Juárez indica que el actuar del presidente obedece a que se trata de un gobernante vestido de civil al servicio de militares que intentan retomar el control y el poder que perdieron con la firma de los Acuerdos de Paz. “Hay que prestar atención a los tiempos en que se generan estos acontecimientos, pues poco tiempo después que se toca a las máximas cúpulas militares, el gobernante reacciona en contra de la Cicig y el comisionado Velásquez”, explica.

Ambos analistas concuerdan en que existen riesgos en que ocurra un debilitamiento en las relaciones internacionales y de no retractarse específicamente en negarle el reingreso al jefe de la Cicig, varias organizaciones como la Unicef, OMS, Usaid y otras que pertenecen a las Naciones Unidas podrían retirarse del país y, por ende, llevar a un caos los sistemas que más apoyo obtienen de estas entidades, Salud y Educación.

Además de la generación de división entre la población, estrategia que, según Juárez, proviene de la inteligencia militar, ya que por décadas utilizaron el “divide y vencerás”, e incluso hay el riesgo de usar la fuerza en contra de aquellos que se manifiesten en contra de las decisiones gubernamentales.

María Villagrán, del colectivo Que Todos se Levanten, manifestó su descontento ante esta situación, pues a su criterio el Presidente ha caído en contradicciones, ya que en sus discursos reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo rechaza a los aliados, en medio de cuestionamientos y señalamientos de financiamiento electoral ilícito.

“Su discurso dista de sus acciones. Si en realidad estuviera limpio, se habría puesto a disposición de la justicia para deslindar su situación; al final, el que nada debe, nada teme”, agrega.

“Nos unimos a la declaración de ‘Non Grato’ que hizo el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, en contra del Presidente, pues es una actitud infantil al cerrarle las puertas al comisionado Iván Velásquez, si no le incomodará su presencia no hubiese emitido tal orden”, expresa Andrea de León.

El analista Allan Estrada agrega que la ciudadanía debe prestar atención a los siguientes movimientos del Gobierno y manifestarse, también analizar detenidamente a los candidatos a la Presidencia que surgirán, de esa cuenta el próximo año elegir a un gobernante que sea coherente con su discurso.

En tanto que el sociólogo René Juárez indica que existen dos salidas, la primera es que la población tome las riendas y ejerza presión y, la segunda, sería la renuncia voluntaria del presidente y vicepresidente.

“Aquí inicia el desafío hacia la población en materia de fiscalización y demanda de sus derechos, además se viene la prueba de fuego para la FECI, pues luego del retiro de la Cicig, deberá caminar por sí sola”, concluye Estrada.

“El acuerdo para establecer la Cicig se firmó con la ONU el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007, y entró en vigor el 4 de septiembre”.

COMISIONADO CONVERSA CON AGENCIA EFE

Recientemente, el comisionado Iván Velásquez fue entrevistado por medios europeos, entre ellos la agencia de noticias EFE en Bruselas, Bélgica. A continuación extractos de la entrevista realizada por la corresponsal Rosa Jiménez.

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, defendió la continuidad de ese organismo en el país ante el desafío “descomunal” al que se enfrenta.

“No existe ningún sector intocable, que las investigaciones se hagan donde haya que hacerlas y, si encontramos elementos probatorios, los casos se presentan ante los jueces, independientemente de quiénes sean los investigados”, expresó.

El Comisionado señaló que confía en el respaldo a la Cicig por parte de la comunidad internacional, en especial de la UE o Estados Unidos, que a su juicio tiene también un interés en mejorar el nivel de vida en el país para frenar la inmigración procedente de la región.

Velásquez consideró “indispensable” en Guatemala que, junto con la acción de la justicia, se logren las “reformas necesarias” para garantizar la independencia del sistema y su “capacidad de respuesta”, ya que actualmente “cerca del 90 % de los municipios de Guatemala carece de Ministerio Público”. (julio de 2018)