Jorge Ernesto Palomo Leppe se convirtió en colaborador eficaz en el caso “Corrupción Muni-Xela”, y aunque en su declaración acepta haber engrosado su fortuna por medio de los contratos con la comuna, logró protección y reducción de penas.

Por la Redacción/La Prensa de Occidente

La declaración a la que tuvo acceso La Prensa, detalla que en octubre de 2015, personal de la Oficina de Protección le explicaron el funcionamiento del Sistema de Protección a Testigos del Ministerio Público (MP), pero no fue sino hasta el 5 de mayo de 2016 que ofreció su primera declaración ante la auxiliar fiscal de la FECI, Astrid Paola Pimentel Carias.

Palomo creó la Constructora P.C.G en junio de 1997, de acuerdo con el portal de Guatecompras; la empresa individual entre 2004 y 2011 obtuvo un total de Q112.5 millones por proyectos realizados con la Municipalidad de Quetzaltenango y otras entidades gubernamentales.

Tiempo después conformó dos empresas alternas: Constructora Barrios, la cual estaba a nombre de su empleada Ángela Barrios Lux, y PROYMACO, representada por su tío Fredy Alfonso Leppe Cárdenas. Con estas dos empresas ejecutó Q77.8 millones.

De acuerdo con el expediente de la declaración, en 2009 empieza la relación con otros constructores, a quienes él mismo confirma haber prestado documentación. Se trata de las empresas Servicio de Electrificación Universal (Selun), propiedad de Julio César Saj Güinac; INVERCOM, de Werner Gudiel Domínguez Sánchez; TENICOSNTRUCCIONES, de Luis Alberto Menchú Maldonado; ICYC, propiedad de Willy Rolando Vásquez De León, y DISYCOGUA, a nombre de Celso Sarceño González, quienes dicho sea de paso, se encuentran en prisión preventiva.

La narración en contra de los exfuncionarios tuvo varias fases, la última se realizó el 19 de abril de este año, tras la conclusión y entrega de documentos que se supone respaldan su declaración. El MP acordó imputarle los delitos de fraude, con la pena de tres años de prisión rebajada a la mitad, de uno a seis meses conmutables; lavado de dinero, seis años rebajados a la mitad, más una multa de Q1 millón 505 mil 598.27, rebajada a la mitad, que serían Q752 mil 799.13; además se le responsabilizó del delito de cohecho activo, con una pena de cuatro años rebajada a la mitad, así como una multa de Q50 mil, también condonada la mitad.

Según el documento donde se establecen los acuerdos entre el MP y el colaborador eficaz, al que La Prensa tuvo acceso, señala que: “Para los delitos de lavado de dinero y cohecho activo se gestionará la aplicación de la vía del procedimiento abreviado, para lo cual el colaborador se compromete a aceptar su participación en los hechos que se le atribuyen, él acepta la vía propuesta”, se lee en el documento.

Además, en los papeles se señala que por el delito de asociación ilícita se le aplica el criterio de oportunidad y que no contrate con el Estado durante un año, aunque debe terminar los contratos que ya le fueron adjudicados. “El colaborador se compromete a renunciar a las acreedurías cobrables de Q786 mil 984.67, por las contrataciones con la Municipalidad de Quetzaltenango.

Y como resarcimiento por su participación en estos hechos delictivos se comprometió a cinco acciones:

  1. Reconocimiento de su responsabilidad.
  2. Reconocimiento de hechos y pedir disculpas a la sociedad y al sistema de justicia.
  3. Publicación de la sentencia.
  4. No iniciar procesos en contra del Estado.
  5. Y la donación al Estado de Q2 millones que la Municipalidad de Quetzaltenango le adeuda.

“según el MP, el ex alcalde lideraba la organización junto a otros ex funcionarios y empleados municipales favorecían a empresas vinculadas a palomo, a cambio de coimas”.

Respecto a los Q2 millones que se supone la comuna altense tiene pendientes de pago al colaborador eficaz Jorge Ernesto Palomo Leppe, se consultó a Guillermo Cupil, titular de la oficina de Comunicación municipal, quien indicó que la única deuda que tiene la comuna en la actualidad es de proyectos iniciados por la administración del actual alcalde, Luis Grijalva.

El experto en derecho penal, Carlos Martínez Ríos señala que: “con este tipo de arreglos el Estado lo que hace es fomentar la impunidad, puesto que está premiando la actividad criminal; el artículo 20 de la Convención de Palermo o Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada, establece que el Estado tendrá medios especiales de investigación, lo que hacen con el colaborador especial es decirle al mundo que las investigaciones son ineficientes”.

Además, dice el experto, evidencia que el Ministerio Público es incapaz de poder llegar con otros medios de investigación y ante esto premian a personas que se han beneficiado con las actividades delictivas, y las multas salen del bolsillo de los ciudadanos que han sido defraudados por estas actividades, porque el dinero con el que pagan es el mismo que han sustraído del Estado.

“Al final, las penas son ridículas y pasarán a lo sumo dos o tres años en prisión, luego salen limpios y enriquecidos, debido a la ineptitud del MP. Como ente investigador del Estado, debe atacar la corrupción con métodos especiales y no por el camino fácil”, indica Martínez.

“Según la Convención de Palermo, encamina el compromiso del Estado de mejorar la investigación y prevenir estos actos, sin embargo, no se ha mejorado la investigación ni se ha prevenido, porque ahora los delincuentes usan tecnología y métodos más avanzados para seguir haciendo negocios bajo la mesa, lo único que cambian son los actores”, agrega el experto.

En tanto que para el abogado José Carlos Méndez, la figura de colaborado eficaz deja en tela de juicio el principio de igualdad, ya que se tiene un caso armado con la declaración de un delincuente confeso.

“En el caso del señor Palomo como colaborador eficaz, al igual que en otros casos, viene a dejar en tela de juicio el principio de igualdad, en el sentido que presuntamente el fue parte vital para la realización de los hechos ilícitos que están siendo objeto de proceso penal, y fue altamente beneficiado; habrá que cuestionar si era procedente aceptarlo como colaborador eficaz, porque si la FECI y la Cicig no logran sustentar con pruebas su testimonio, no tendría sentido que a un testigo o acusador se le concede una sentencia benévola”, concluye Méndez.

“los 135 contratos adjudicados a seis empresas vinculadas a palomo leppe, suman un total de 73 millones 317 mil 703. 5 quetzales”.