Con la llegada de un nuevo juez, el retiro del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y de la Cicig, entre otros incidentes, se reinició la audiencia de primera declaración de 19 implicados en el caso de corrupción ocurrida en la comuna altense.

La jueza del caso es Abelina Cruz Toscano, quien fue la jueza suplente del Juzgado Décimo Penal; el 16 de agosto dictó el arresto domiciliar a favor de Blanca Stalling Dávila.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

En principio, la audiencia comenzaría el 5 de noviembre, pero debido a que la Fiscalía todavía no entregaba los señalamientos individuales por escrito, esta fue suspendida y programada para la tarde del día 6; en ese momento, los defensores exigieron las imputaciones de nueva cuenta debido a que la fiscal, Virginia Laparra, se había comprometido a entregarlos ese día a las 11 de la mañana, lo cual incumplió.

Pese a ello, la audiencia continuó su curso y empezó con la lectura de los hechos a cada uno de los implicados; primero fue el turno del constructor Werner Gudiel, propietario de la empresa Inversiones Comerciales (INVERCOM). La jornada fue extensa, por lo que el miércoles se continuó con las imputaciones a los constructores Julio César Saj Güinac, propietario de la empresa Servicio de Electrificación Universal (SELUN); Luis Alberto Menchú Maldonado,  propietario de la empresa TENICOSNTRUCCIONES, S. A.; Celso Sarceño González, propietario de DISYCOGUA.

En tanto que el jueves fue el turno de Willy Rolando Vásquez De León, propietario de la empresa Ingenieros, Consultores y Constructores (ICYC), así como del exalcalde Jorge Rolando Barrientos, a quien le imputaron cuatro delitos: asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero y malversación.

La audiencia finalizó con las imputaciones a la exgobernadora y exdiputada al Parlacen, María Eliza López Ixtabalán, a quien se le acusó de asociación ilícita, cohecho, y quedó pendiente del señalamiento de lavado de dinero. Será hasta el próximo lunes que se continúe con el proceso.

El Ministerio Público, la Fiscalía Especial que lleva el caso, a 57 días de las aprehensiones se negaba a entregar por escrito los señalamientos.

Sobre los incidentes del caso

El abogado Jefry Díaz indicó que no se explica la causa por la que el Ministerio Público,  específicamente la Fiscalía Especial que lleva el caso, a 57 días de las aprehensiones se negaba a entregar por escrito los señalamientos. Otra inconsistencia es que el juez de Diligencias Urgentes no tuvo a la vista las imputaciones, pero aún así autorizó las órdenes de captura.

“El Ministerio Público fue negligente desde el principio, cuando llevaron las solicitudes de órdenes de aprehensión a Ciudad de Guatemala para que las otorgara, en ese momento la Fiscalía no fue diligente para llevar los hechos redactados para que se supiera cuál es la imputación de cada uno de los implicados, y si a 57 días después no tienen los hechos listos, quiere decir que imputaciones fundadas no existen”, señaló Díaz.

“Esta defensa está satisfecha por el avance del proceso, estamos próximos de finalizar la fase de las imputaciones; lo que sí, es que hay demasiada información. Nosotros analizamos los medios de investigación que la Fiscalía tiene, aunque sí molesta que las imputaciones por escrito se entreguen unos minutos antes del señalamiento oral. Se viene una jornada extensa porque hay una declaración ofrecida como anticipo de prueba”, indicó el abogado Francisco Cotom, a cargo de la defensa del ex jefe edil.

En tanto que para Mónica Fuentes, abogada de Rossana Schoenfeld, esposa del exalcalde, existen cuestiones que no encajan en el caso; por ejemplo, a Schoenfeld se le señala de los mismos delitos que se les imputan a otras personas que se encuentran en libertad y que han sido citados a declarar el 10 de diciembre próximo.

“Me resulta curioso el hecho de que mi patrocinada esté privada de libertad mientras otras personas con el mismo delito están libres; se violó el principio de igualdad, pero vamos a esperar la imputación de los cargos para ejercer la defensa adecuada, para ella ha sido un desgaste físico y psicológico”, aseguró Fuentes.

“La audiencia finalizó con las imputaciones a la exgobernadora y exdiputada al Parlacen, María Elisa López Ixtabalán”.

¿Quién es la jueza que lleva el caso?

Abelina Cruz Toscano fue la jueza suplente del Juzgado Décimo Penal; el 16 de agosto dictó el arresto domiciliar a favor de Blanca Stalling Dávila, pues consideró que no existía peligro de fuga y ordenó su liberación sin imponer una caución.

Blanca Stalling fue señala de tráfico de influencias a favor de su hijo, implicado en el caso “IGSS-Pisa”, Otto Molina Stalling.

El caso transcurre con normalidad pese al cierre de la sede de la Feci, donde también operaba el personal de la Cicig, aunque este cierre ha implicado trabajar desde Ciudad de Guatemala, los fiscales no fueron removidos del caso.

Es por eso que al frente de los acusadores continúa Virginia Laparra, delegada regional de la Feci; Érick Daniel Minera Villagrán, auxiliar fiscal Feci-MP; las agentes fiscales Astrid Paola Pimentel Carías y Mónica Mariela Medrano Chiquito, quienes son acompañados por un investigador de la Cicig, de quien no se proporcionó el nombre.