Durante el foro en la Universidad Rafael Landívar, representantes de la Cooperación Alemana GIZ y de la Cicig, en el que participaron estudiantes, representantes de organizaciones sociales y autoridades indígenas, se dio a conocer los avances en materia de justicia en los últimos diez años.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

Por medio de una videoconferencia, el comisionado Iván Velásquez, dio a conocer que, “como una verdad irrefutable, no había nadie por encima de la ley y que la acción de la justicia podría dirigirse contra todas las personas independientemente del color político o económico”.

Agregó que: “desde el momento en que los ciudadanos del país creyeron luchar contra la impunidad y la corrupción empezamos a mandar ese mensaje de cultura de legalidad, que se sustenta en ese principio que todos debemos ser respetuosos de la ley y quien no cumpla las normas de convivencias estará sometido a unas consecuencias”.

En ese sentido, Aldo Magoga, consultor de la Cooperación Alemana, señala el estudio realizado por medio del Sistema Integrado de Justicia, Quetzaltenango tiene el 96.21 por ciento en impunidad, hace diez años, es decir en 2008 el porcentaje de impunidad en el departamento fue de 93 %, mientras que en 2011 fue de 88 %.

Según Magoga, el Sistema Integrado de Justicia (SIJ) midió el tiempo en que las instancias de justicia utilizan para resolver un caso, el cual demostró que desde la denuncia hasta la condena, en 2008 se llevaban 203 días, pero en 2017 el tiempo subió a 641 días.

“El Sistema Integrado de Justicia reveló que, en 2008, 9 mil 530 mujeres y 14 mil 542 hombres fueron víctimas de algún tipo de delito”.

“En lo que refiere a la labor de los tribunales, o sea en el tema de sentencias, el Organismo Judicial mejoró porque en los últimos años se registraron de 200 a 500 condenas; en 2008 se dieron 168 sentencias condenatorias, lo que indica que es el año con menos condenas”, explicó Magoga.

El grado de impunidad fue evaluado en cada municipio y se determino que San Juan Ostuncalco es el que tiene el dato más bajo, 92.8 %, en tanto que el más alto, con 96 %, es Huitán.

El comisionado Velásquez comentó que para combatir el alto porcentaje de impunidad en el departamento, el Ministerio Público debería contar con 499 investigadores, pero solo hay 98.

Para Susana Villagrán, alcaldesa indígena de la aldea Duraznales, del municipio de Concepción Chiquirichapa, aunque se ha visto un avance en materia de justicia gracias al acompañamiento de la Cicig, todavía hace falta mucho por hacer, pues desde los hogares se inicia con una cultura de desigualdad, patrón con el que fue diseñado el país.

“Hay mucha desigualdad desde nuestras casas, cuando a la mujer no se le toma en cuenta; en el Gobierno, cuando la voz del pobre es silenciada a pesar de haber votado por ‘X’ o ‘Y’ funcionario; cuando en el Organismo Judicial no se cuenta con un intérprete para facilitar el acceso a la justicia para las comunidades indígenas”, acotó.

Manuel Vaíl, autoridad indígena del área mam del departamento, concordó con Villagrán, agregando que para mejorar el Sistema de Justicia se debe eliminar primero la discriminación, el racismo, además se debe conocer la cultura de cada pueblo.

“Esta es la segunda jornada de diálogos por una cultura de legalidad, que desarrolla la Cicig con el acompañamiento de la Cooperación Alemana; la idea es que todos puedan participar en los conversatorios y que la información del SIJ quede a disposición de la ciudadanía, de esa cuenta que quienes toman las decisiones puedan generar los cambios pertinentes para mejorar la justicia”, expresó Matías Ponce, vocero de la Cicig.