Como parte de la proyección académica de la Asociación de Abogados por Integridad (API) se dio por inaugurado el diplomado “Derecho de Familia: Práctica y Jurisprudencia”, con el aval y respaldo de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios, así como la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Por Henry Popá/La Prensa de Occidente

Para la vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Ruth Méndez Ronquillo, “la API ha tratado de traer academia de calidad al departamento. Se logró gestionar con el Juzgado de Familia de Quetzaltenango, con el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, un diplomado de alto nivel, es el tercero que se lleva a cabo en Xela y los profesionales han quedado satisfechos”.

Para la sesión inaugural, que se celebró el jueves, se contó con la participación del juez de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Isaac Monge Segura, quien expresó que este diplomado servirá para formar académicos en la rama del Derecho en Familia, a través de mecanismos de sensibilización y humanización, en donde todo el conocimiento que se obtenga se pondrá en práctica “al servicio de las personas que lo necesitan, acceso a la justicia y tutela a sus derechos, derivados de las relaciones familiares”.

Mientras, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Fernando Ruiz, opinó que “el tema de familia es poco visto y comprendido, la cuidad de Quetzaltenango gana mucho con la realización de este diplomado, por los docentes nacionales como los internacionales que son de renombre académico”.

Tema altamente conflictivo

Para Monge Segura, “a nivel centroamericano y latinoamericano, los conflictos requieren de profesionales con mayor compromiso y vocación y que a través de esto (el curso) se genere más responsabilidad”.

Entre los derechos que más se violentan es la obligación alimentaria, “quien no paga genera recargo en la madre porque tiene que velar por los niños y cómo subsistir”, manifestó Monge Segura. Otro aspecto son los padres, quienes por carencia de educación no consiguen y no pueden pagar una pensión alimenticia, el Estado no cuenta con políticas públicas para atacar esas debilidades, lo que repercute en los niños.