Los abogados de siete constructores implicados en el caso “Corrupción Muni-Xela” refutaron los señalamientos realizados por la Feci y la Cicig, que pidieron a la Juez de Mayor Riesgo, Abelina Cruz, sean ligados a proceso judicial.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

Esta semana, a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgos acudieron familiares y amigos de los siete constructores señalados de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero en el caso que involucra al exalcalde Jorge Rolando Barrientos Pellecer, su familia y otros exfuncionarios.

La Feci y la Cicig los señalan de conformar una estructura con la que supuestamente se beneficiaron económicamente tras recibir comisiones por la adjudicación de contratos y proyectos de infraestructura.

Benito Ajucum, defensa del constructor Werner Gudiel Domínguez Sánchez, indicó que ni la Feci ni la Cicig, lograron demostrar fehacientemente el involucramiento de su cliente en el delito de asociación ilícita, pues en ningún momento fue parte de las negociaciones entre el colaborador eficaz y los intermediarios.

“Es más, señorita Juez, el mismo colaborador eficaz dice que los constructores, incluido mi cliente, desconocían por completo del pago de comisiones que supuestamente les realizaban a los funcionarios”, indicó.

“Nunca hubo más de dos personas, el colaborador eficaz en su declaración siempre mencionó que con quienes negociaba, fue con la señora María Elisa López Ixtabalán y con el hijo de esta, el señor Carlos Illescas López; en ningún momento mencionó que mi cliente estuviera presente en las reuniones”, acotó Ajucum.

Agregó que la evidencia presentada por la Fiscalía no es irrefutable, ya que la información fue facilitada por Jorge Palomo Leppe, colaborador eficaz, lo cual genera dudas.

“No hay elementos suficientes para establecer estos tipos penales; mis argumentos están basados en los medios presentados por el Ministerio Público y la Cicig, por lo que solicito se le dé falta de mérito a las imputaciones realizadas a mi cliente”, concluyó.

La defensa de Menchú Maldonado

La segunda en presentar argumentos fue la abogada Elsi Yanneth Recinos, defensora del contratista Luis Alberto Menchú Maldonado, quien aseguró que el colaborador eficaz, Jorge Ernesto Palomo Leppe, tuvo la osadía de falsificar la documentación de la empresa de su patrocinado, por lo que pidió a la juez cotejar la firma plasmada en los documentos presentados por el MP con la rúbrica de su cliente, realizada en ese instante en una hoja de papel bond.

Además, presentó la copia de una denuncia realizada por otro constructor en contra de Palomo, por haber falsificado su documentación para someterla a concurso de licitación. A decir de Recinos, esa denuncia se desestimó debido a que el colaborador eficaz llegó a convenio de pago con el denunciante.

“La relación con la Municipalidad de Quetzaltenango fue en 2009, fue en ese momento en que Palomo Leppe se apoderó de la papelería de mi representado y de los otros implicados, nunca existió el argumento de préstamo de papelería, tal como lo dijera el colaborador eficaz”, resaltó la querellante.

“El estafador Jorge Palomo Leppe jamás pagó el 10 por ciento en comisiones que argumentó, extremo que la Fiscalía no comprobó”, agregó Recinos, quien durante el desarrollo de su alocución proyectó fotografías del colaborador eficaz participando de eventos públicos, las cuales fueron tomadas el 13 de octubre de este año y publicadas en una red social el día 16 de ese mismo mes.

La defensa de Menchú Maldonado recalcó que tanto la papelería, la firma y el sello que corresponde a la empresa Técniconstrucciones S., A., fueron falsificadas, la abogada puso en duda la capacidad de indagación de los expertos del Ministerio Público y la Cicig, pues llegaron a equivocarse con el número de DPI de su patrocinado.

“Palomo Leppe no es más que un delincuente arrepentido que gozaba de información privilegiada, la cual manipuló para ser beneficiado en el proceso”, enfatizó; acto seguido solicitó a la juez dictar falta de mérito a los señalamientos realizados por la Feci y la Cicig hacia su cliente.

Información manipulada

El argumento del abogado Jefry Díaz, defensor de Julio César Saj Huinac, propietario de la constructora SELUN, también resaltó durante la audiencia, pues puso a la vista un error de la Fiscalía, aduciendo que: “en el leit 104, donde aparece el peritaje del disco duro entregado por Palomo Leppe, en donde se resalta que los archivos fueron creados en abril de 2014, pero el sistema había sido cerrado de forma normal en el 2010, eso indica, su señoría, que el colaborador eficaz presentó información manipulada”.

“Si hay cheques girados a nombre de Palomo Leppe de parte de mi defendido fue porque entre ellos existió una relación comercial; mi patrocinado lo subcontrató y por eso aquí presento las facturas que dejan sin efecto lo dicho por la Feci”, enfatizó Díaz.

En ese momento, el defensor de Saj Huinac presentó una denuncia formal en contra de Palomo Leppe, por falsificación de documentos, ya que, según él, su patrocinado se sorprendió cuando el MP señaló que “prestó” su documentación para participar en 43 eventos; demandó también el cotejo de firmas y el peritaje respectivo.

En tanto que la defensa de Celso Sarceño González, titular de la empresa DISYCOGUA, aparte de refutar que los argumentos de la Fiscalía y la Comisión no se encontraron bien fundamentados, puso a la vista de la juez los documentos mercantiles que establecen que Sarceño González se convirtió en propietario de esa empresa hasta el 10 de diciembre de 2010, entregó también un certificado de defunción.

“Cuando ocurrieron los hechos, señorita juez, el titular de esta empresa era el señor Vitalino Pérez Vicente (tal como La Prensa lo dio a conocer en su edición Núm. 30); él fue quien trabajó con la Municipalidad de Quetzaltenango. Este señor falleció el 9 de noviembre de 2017, el registro oficial de la empresa a nombre de mi defendido se realizó el 18 de enero de 2011”, dijo Sonia Edith Soto.

“Además, la cuenta bancaria que ofrece el Ministerio Público como prueba del supuesto fraude y lavado de dinero en contra de mi cliente, está a nombre de Vitalino Pérez Vicente, la cual está inactiva desde abril de este año; no hay coincidencia en tiempo, modo y lugar”.

Tras las exposiciones, los abogados de los siete contratistas pidieron la falta de mérito a los señalamientos, también solicitaron que se resolviera en bloque sin esperar los argumentos de la defensa de los exfuncionarios y otros, considerando que ya son tres meses los que se encuentran privados de libertad.

La juez Abelina Cruz, al final de la audiencia, dijo que debido a la gran cantidad de documentación presentada por la Fiscalía y la defensa no es posible resolver por bloques, por lo que se continuará el próximo 17 de diciembre con los argumentos de la defensa de los exfuncionarios.

Datos importantes

-El representante de la Cicig en su momento aseguró que, la supuesta estructura criminal tenía como objetivo beneficiar a una sola familia (la del exalcalde Jorge Barrientos Pellecer), por lo que buscaba la permanencia en el poder con la presunta participación política de su yerno en las próximas elecciones.

-La Fiscalía también tomó como base del caso el testimonio de empleados y amigos del colaborador eficaz, mismas que fueron refutadas por la defensa al no sustentar los dichos con documentos fehacientes.