Integrantes del Concejo Municipal del período 2012-2016 acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo, junto con ellos cuatro contratistas y un exempleado municipal para escuchar los argumentos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) tiene para realizar los señalamientos que los vinculan con un caso de corrupción originado en la Municipalidad de Quetzaltenango.

Por Mirna Alvarado/ La Prensa de Occidente

La audiencia de primera declaración comenzó con la imputación a Ángela Remigia Barrios Lux, exempleada de Jorge Palomo Leppe (colaborador eficaz) y representante legal de Constructora Barrios.

César de León, auxiliar fiscal de la Feci indicó que mediante el análisis bancario se determinó que del 12 de diciembre de 2008 al 20 de diciembre de 2010, Constructora Barrios ejecutó 18 proyectos, por un monto total de Q6 millones 707 mil 349.

“Según el rastreo bancario de los pagos recibidos por la municipalidad depositados en las cuentas de la empresa referida, se determinó la salida de cheques por diferentes montos hacia terceras personas”, señaló De León durante la audiencia.

El auxiliar fiscal mencionó que algunos cheques fueron emitidos a nombre de Juan Francisco Escobar y Escobar, Lesbia Saraí Puac Ordóñez, Zuly Gabriela Vicente Maldonado, empleados de la Constructora PCG, propiedad del colaborado eficaz, también se emitieron cheques a nombre de Alberto Palomo.

En tanto que Freddy Alfonso Leppe Cárdenas (tío de Palomo), representante legal de la empresa PROYMACO recibió 19 proyectos de diciembre de 2008 a diciembre de 2010, por un monto total de Q12 millones 69 mil 654, al igual que a Ángela Barrios, el Ministerio Público le explicó las razones por las que se encuentra vinculado al caso.

“El rastreo bancario establece que de los pagos que la comuna le realizó por la construcción de estos proyectos, devolvió el 90 % a Jorge Ernesto Palomo Leppe, quien era el que realizaba los trabajos, también participó como oferente ficticio, según nuestras investigaciones”, dijo De León.

Edwin Ariel Pérez Álvarez, representante legal de la empresa COLEQ, quien hasta esta semana se encontraba prófugo, se presentó a esta audiencia y escuchó las imputaciones; el contratista habría ejecutado siete proyectos por un monto total de Q2 millones 853 mil 122.74.

José Miguel Sarceño Jiménez, representante legal de la empresa Construcciones Internacionales, al igual que Pérez Álvarez estaba fugitivo, realizó seis proyectos con un monto total de Q7 millones 909 mil 770.

A estos cuatro constructores el auxiliar fiscal de la Feci, los acusó de asociación ilícita, estafa, caso especial de estafa en forma continuada y lavado de dinero, sin embargo, la orden de captura para Pérez Álvarez y Sarceño Jiménez fueron revocadas, se encuentran libres y en espera de la continuación de la siguiente audiencia de primera declaración, en la que se sabrá si la juez Abelina Cruz Toscano los liga a proceso o no.

Durante dos días, estas 14 personas acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo, ya que la lectura de las imputaciones individuales fue extensa, según César de León, auxiliar de la Feci, para este grupo se tienen alrededor de 129 carpetas que contienen expedientes de los proyectos y documentos bancarios, entre otros.

A Jorge Leonel Franco se le acusó de asociación ilícita, estafa, caso especial de estafa en forma continuada, lavado de dinero y cohecho pasivo. Según los investigadores, era quien facilitaba la adjudicación de los proyectos a las empresas que trabajaban a favor de Jorge Palomo, a cambio recibía pagos en efectivo y en especie. 

Más de Q80 millones

Los exsíndicos y concejales Jorge Hoffens, Rudy Juárez, Soledad López, Aníbal Gramajo, Juan Carlos Morales González, Rolando Morales Velásquez, Hámilton Pérez, Mario Cantoral y Jorge Rodríguez fueron señalados por el Ministerio Público, de abuso de autoridad y malversación de fondos.

Según el ente investigador, la acusación se debe a que los exfuncionarios aprobaron un préstamo de más de Q80 millones para proyectos de infraestructura con los que se supone continuarían beneficiándose.

La juez de Mayor Riesgo, Abelina Cruz Toscano programó para el 6 de febrero próximo la continuación de la audiencia de primera declaración de estas personas, en esa fecha los defensores tendrán oportunidad para manifestar sus argumentos, posteriormente la juez deberá decidir si son ligados a proceso o no.

“Sin lugar la petición de Carlos Daniel Illescas, Carlos Prado Bravo, Maximiliano de León y María Elisa López Ixtabalán, los jueces dejaron en firme el pago de un millón de quetzales cada uno para gozar de medida sustitutiva”.

Siguen en prisión preventiva

El pasado 28 de diciembre, la defensa del exalcalde Jorge Rolando Barrientos Pellecer; los exsíndicos Carlos Roberto Pereira, Carlos Daniel Illescas; de los concejales Carlos Prado y Maximiliano de León, así como la defensa de la exgobernadora y exdiputada al Parlacen, María Elisa López Ixtabalán, presentaron una apelación con la que buscaban la reducción de la caución económica impuesta por la juez Abelina Cruz Toscano.

El expediente primero fue elevado a la Sala Cuarta, posteriormente a la Sala Quinta y esta semana resolvió, en la resolución se lee: “Sin lugar la petición de Carlos Daniel Illescas, Carlos Prado Bravo, Maximiliano de León y María Elisa López Ixtabalán, es decir que los jueces de esta sala dejaron en firme el pago de un millón de quetzales cada uno para gozar de la medida sustitutiva”.

En tanto que para el exalcalde y el exsíndico Carlos Pereira, esta sala confirmó el pago de un millón de quetzales, pero adicionó formas de pago, es decir, el monto de la caución puede ser pagada por los propios imputados o por otras personas mediante depósitos de dinero, valores (joyas o bienes valorados en Q1 millón), constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas tal como lo regula el artículo 264 del Código Procesal Penal.

La resolución establece que esta adición es favorable para todos los sindicados por principio de igualdad, aunque ellos no se hayan referido a este extremo en los recursos de apelación que plantearon.

El defensor del exalcalde, Francisco Cotom indicó que la resolución es favorable para su cliente, por lo que ahora se encuentran analizando cuál de estas opciones es más conveniente. “Estamos haciendo las consultas para ver cómo se hace el pago y de esa cuenta el doctor pueda salir del Preventivo”, indicó.

“Yo siento que finalmente la sala no se tomó el tiempo de analizar el caso en concreto, en nuestros alegatos dentro de la apelación expusimos que no había una razón clara del porqué a unos se les puso una multa de Q75 mil y a ellos de un millón, pero al final esta resolución de alguna manera favorece a nuestros representados”, dijo Jefry Díaz defensor del exsíndico Carlos Pereira.

“Este fin de semana espero tener una reunión con la familia de mi cliente para estudiar cuál de estas opciones es más accesible o se ajusta a las condiciones económicas a partir de eso ya podemos determinar en cuánto tiempo él pueda salir del Preventivo”, agregó Díaz.

 

 

Audiencias

  • Para el 6 de febrero se tiene contemplada la continuación de la primera declaración de los demás implicados en este caso que solo estaban citados, ahí se podría determinar si son ligados a proceso o no.
  • En marzo se contempla la audiencia de etapa intermedia del colaborador eficaz Jorge Ernesto Palomo Leppe.
  • En abril los exfuncionarios y contratistas que ya se encuentran ligados a proceso deberán presentarse al Juzgado en esa audiencia la juez podría establecer si se abre a juicio o no.