La autorización a una compañía de telefonía para instalar postes en la Ciudad Altense, les ha costado al jefe edil de Quetzaltenango y concejales que lo apoyaron, el antejuicio número 15 en lo que va de su administración.

Por La Redacción / La Prensa de Occidente  

En 2017, los concejales Gerardo Yarzebski, Roberto Soto y Fabiola Ávila presentaron una denuncia en contra Luis Grijalva, alcalde de Xela, ante la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, por ampliar por diez años un contrato de arrendamiento con Comunicaciones Celulares, S. A. (Tigo).

La denuncia surtió efecto y ahora Grijalva enfrentará su antejuicio número 15. El proceso estará a cargo de la juez Nivia Castillo, del Tribunal Primero de Sentencia Penal, quien solicitará la presencia de los denunciantes y del denunciado en los próximos días.

El caso

El jefe edil y ocho miembros de su corporación votaron a favor de ampliar el contrato con la empresa de telefonía por un plazo de cuatro años, el 31 de octubre de 2016, pero después, el 4 de mayo de 2017, acordaron extenderlo por diez años.

El acta 26-2017, establece el uso de postes de parte de la empresa de telefonía hasta 2026 y no para 2020, como se estableció en la reunión de octubre de 2016. 

El reglamento

La normativa municipal que regula el uso de espacios públicos para instalar infraestructura (cableado y postes) de telefonías en la cabecera departamental de Quetzaltenango, fue publicado en el Diario de Centro América, el 24 de diciembre de 2014. El cual instituye que antes de suscribir estos contratos es necesario tener documentos como un estudio de impacto ambiental, mapa del área a utilizar y especificar el número de postes que se instalará.

Hilda Fabiola Ávila Monzón, José Gerardo Yarzebski Castillo y José Roberto Soto Alcahé, concejales cuarto, sexto y séptimo, respectivamente, presentaron la acción penal el 19 de julio de 2017 y aseguraron en su momento que, aunque estuvieron presentes en la reunión donde se aprobó la prórroga, ellos votaron en contra del acuerdo.

La denuncia estableció primero, que el Concejo Municipal aprobó ceder los postes y espacios públicos, supuestamente sin cumplir todos los requisitos legales; después el alcalde renovó el contrato por un plazo de diez años y no de cuatro.

Habla el alcalde

Grijalva confirmó que le llegó la notificación. “He tenido que lidiar con 12 peticiones de antejuicio, pero hasta ahora ninguno ha prosperado porque no tienen sustento legal”, comentó.

La audiencia para escuchar a los tres concejales será el próximo 8 de abril en el Tribunal Primero de Sentencia, en tanto que el alcalde debe presentarse el 10, a las 14:00 horas.

Detalla la denuncia MP001-2017-69579, el Concejo (integrado por 12 miembros) pudo incurrir en los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y concusión.