Durante el proceso eleccionario se vuelve normal ver a uno que otro empleado del Gobierno acuerpando los mitines, reuniones municipales o departamentales de la figura presidencial del partido de turno.

Por La Redacción/La Prensa de Occidente

“Desde el inicio de la era democrática en nuestro país, esta práctica se ha venido fortaleciendo y no es de extrañar que los titulares de las instituciones del Estado obliguen a sus empleados a ser parte de las campañas de los candidatos del oficialismo”, comentó el analista Dennis Rodas.

“Nos amenazan con quitarnos el trabajo si no apoyamos en las actividades del partido de gobierno y si faltamos a las reuniones, nos cobran una multa”, explicó una fuente que prefirió el anonimato por seguridad de él y su familia.

Según la fuente, las estructuras altas del partido FCN-Nación utilizan su influencia en las instituciones del Estado para ejercer presión y mantener el control en quienes obtuvieron un empleo tras apoyar la campaña anterior.

Asimismo, detalló que los empleados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Registro de la Propiedad, Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), especialmente los extensionistas, son a quienes más se les exige participar de las actividades políticas del partido oficial.

“Obtener empleo bajo estas condiciones tiene sus riesgos. En algunos casos incluso están expuestos a pagar una cuota mensual a los máximos representantes de la organización política, en agradecimiento por la plaza de trabajo”, comentó Rodas.

“Es el resultado de las acciones clientelares de los partidos políticos, que le dicen a la gente ‘apóyenme y les doy un trabajo’; es la muestra de que debemos fortalecer y profesionalizar la función pública y eliminar aquellos contratos que permiten el ingreso de personas que no llenan los requisitos mínimos para ‘X’ o ‘Y’ puesto”, aseguró el analista José Yac.

“En la época del Partido Patriota (PP), a nosotros nos obligaban a acudir a las reuniones, a comprar las playeras o gorras con los distintivos; si no íbamos, nos cobraban una multa o mandaban a pintar, algo así como un castigo por no acudir”, dio a conocer un exempleado del MAGA, durante el gobierno del PP.

“Hay que aplicar las leyes y reglamentos existentes del país, se debe definir el sistema de contrataciones para eliminar que sean a dedo, evitar que se continúen estas malas prácticas; si se fomenta el profesionalismo, tendremos empleados públicos de calidad y menos gente que se disponga a ser coparticipes de las actividades políticas a favor de o en contra, por miedo a perder el empleo”, puntualizó Rodas.

En tanto que para el politólogo Alejandro Chan, existen dos lecturas para este tema. La primera es que ningún empleado público, bajo ninguna circunstancia, debe aceptar o ser obligado a apoyar actividades con fines políticos electorales.

“La acción que hay que tomar en este contexto es denunciar, porque ser obligados a estos fines es delito. Si no lo hace también es cómplice. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué los empleados públicos no denuncian, y en su lugar están en el desarrollo de estas actividades de proselitismo, aún en contra de su voluntad?”.

La respuesta a esta pregunta es la segunda lectura, es claro, que hay una amenaza por parte de aquellos funcionarios o políticos que, por los puestos de mayor jerarquía, obligan a los que se encuentran en puestos operativos. De lo contrario se les amenaza con el despido. “Esta es la forma como opera el sistema burocrático y político de la administración pública”, aseguró.

Agregó que: “La cuestión se centra en factores importantes: primero, es claro que la necesidad de trabajo de los guatemaltecos aumenta más cada vez, sin mayores oportunidades en otros espacios”.

En tanto la burocracia se convierte, casi, en la única fuente de empleo. Ante esta realidad, los políticos aprovechan esta situación para hacer de la administración pública una “agencia de empleo”, bajo lógicas perversas. Esto provoca que en la administración pública no exista carrera para mejorar el servicio, calidad y la tecnificación de la burocracia.

“Es un círculo vicioso, en donde los intereses de los políticos se anteponen ante los intereses de una administración pública eficiente y de calidad, en beneficio de la población guatemalteca”, enfatizó.

Los Quemé quieren continuar en el poder

Durante una reunión celebrada dos días antes de la llegada del presidenciable de FCN a Quetzaltenango, el pasado 24 de marzo, el gobernador Julio César Quemé, junto a su hermano Augusto Samuel Quemé Macario, quien dicho sea de paso es delegado departamental del Mides, exigieron a los empleados apoyar en las actividades de campaña y de esa cuenta asegurar su puesto de trabajo.

Cabe resaltar que el pasado 27 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó la inscripción del diputado Armando Escriba, originario de Jutiapa, quien buscaba la reelección por el distrito de Quetzaltenango, por lo que Augusto Samuel Quemé Macario (hermano del gobernador), asume la primera casilla por este distrito.

 

El gobernador Julio César y su hermano Augusto Samuel Quemé Macario, delegado departamental del Mides, exigieron a los empleados apoyar la campaña para asegurar su puesto de trabajo.

Nota: El TSE revocó la inscripción del diputado Armando Escriba, originario de Jutiapa, quien buscaba la reelección por Quetzaltenango; ahora, Augusto Quemé Macario (hermano del gobernador), asume la primera casilla.

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