Una polvareda se levantó en el país luego de que se conociera evidencia de que el mandatario Jimmy Morales usó un helicóptero de propiedad de un candidato presidencial arrestado recientemente por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, un hecho que pone bajo intensa presión a Morales.

 Por Parker Asmann/InSight Crime

El presidente Morales supuestamente usó un helicóptero de propiedad del candidato presidencial Mario Amílcar Estrada Orellana para una diligencia oficial en enero de 2018 y es posible que lo haya hecho al menos en otra ocasión, informó Prensa. Morales afirmó en un comunicado de prensa del 23 de abril que el helicóptero fue contratado por su gobierno y proporcionado por Maya World Tours. Sin embargo, un representante legal de la empresa respondió posteriormente que nunca suministraron el helicóptero de Estrada a Morales, y que el presidente fue el único responsable de usar la nave, según Prensa Libre.

Recién la semana pasada, las autoridades estadounidenses arrestaron a Estrada, excandidato presidencial por el partido de centro-derecha Unión del Cambio Nacionalista (UCN), por cargos de drogas y armas de fuego. Estrada presuntamente pidió millones de dólares en dineros para su campaña al Cártel de Sinaloa, de México, a cambio de facilitar las actividades de narcotráfico de ese grupo.

A pesar de la detención, Morales aseguró que ni él ni sus agentes de inteligencia tenían idea de que Estrada estuviera involucrado en narcotráfico. Unos años antes, sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala había calificado al UCN, en el que Estrada militaba, como un “narcopartido” en un cable filtrado por Wikileaks en 2011. Estrada y su partido también fueron investigados en 2015 por presunta financiación electoral ilícita y nexos con el narcotráfico.

Además de las conexiones de Morales con Estrada en el episodio del helicóptero, el presidente también confirmó que se reunió con Estrada el 2 de abril, en una finca de propiedad del candidato presidencial en el departamento de Jalapa, sureste del país, según información de Soy 502. El anuncio se hizo luego de que la candidata presidencial Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hiciera preguntas sobre el encuentro el 22 de abril.

Debido a la “insistente” invitación de Estrada, afirmó Morales, ambos se reunieron para hablar exclusivamente del proceso de transición en caso de que Estrada ganara las próximas elecciones de junio. “No tengo problema en decirlo, porque lo he hecho de manera transparente”, aseguró Morales.

Otros copartidarios de Morales y su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) también han sido señalados de tener nexos con Estrada y la UCN.

Ernesto José Degenhart Asturias, por ejemplo, hermano del actual ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Antonio Degenhart Asturias, se lanzó al Congreso en representación de la UCN. Degenhart ha estado en la primera línea de la ofensiva de Morales por debilitar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), avalada por las Naciones Unidas. La Cicig investiga a Morales por presunto financiamiento electoral en la campaña presidencial que lo llevó al poder en 2015.

Otros oscuros funcionarios conectados con la administración de Morales también tienen relación con la UCN o aspiran a varios cargos públicos en representación de ese partido en estas elecciones.

Análisis de InSight Crime

Estados Unidos ha tenido una participación ambivalente en los esfuerzos del presidente Morales por socavar las investigaciones adelantadas por la Cicig y el Ministerio Público, sobre la presunta conducta ilícita del mandatario y de su partido político. Sin embargo, una investigación del mismo gobierno, que ha ayudado a Morales a sumar respaldo político para su cruzada política, bien podría ser lo que permita a las autoridades estrechar el cerco en torno al mandatario, algo que él ha evitado quitando facultades a la Cicig.

El rostro visible del apoyo estadounidense al plan maestro de Morales para poner trabas a la campaña anticorrupción en Guatemala es el senador Marco Rubio. Pese a que la acusación finalmente resultó infundada y carente de evidencia, Rubio retuvo fondos de Estados Unidos para la Cicig —que representan poco menos de la mitad del presupuesto de la comisión— aduciendo que la comisión participó en el procesamiento de una familia rusa en un esquema de falsificación de documentos de identificación. Rubio insinuó que la Cicig era manipulada o que posiblemente hasta se había confabulado con el Gobierno ruso para perseguir a la familia.

Mientras Rubio y otros lobistas infundían incertidumbre en relación con la labor de la Cicig, Morales emprendió una guerra contra los funcionarios anticorrupción en su país. En este proceso, Morales expulsó del país al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, posteriormente ordenó la salida de los demás agentes de la comisión, y en enero de 2019 decidió finalmente cancelar al acuerdo que dio origen a la Cicig, lo que llevó al país al borde de una crisis constitucional.

Pero a pesar de los muchos esfuerzos de Morales por sabotear la campaña contra los malos manejos en Guatemala, el trabajo de uno de los aliados regionales claves, si no el más grande, parece estar aumentando la presión sobre él y algunos de sus aliados políticos.

Sin embargo, es casi imposible inferir cómo se desenvolverán las cosas para el atribulado presidente, opinó Mike Allison, jefe del departamento de ciencia política de la Universidad de Scranton.

“Es difícil predecir cuándo el Gobierno estadounidense colaborará con personas ‘conocidas’ como corruptas y cuándo no”, señaló Allison.

De hecho, Estados Unidos sigue trabajando con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al tiempo que algunos de sus parientes están señalados de ser “grandes narcotraficantes”. Anteriores administraciones de Estados Unidos también trabajaron con personas como el expresidente guatemalteco caído en desgracia Otto Pérez Molina hasta su arresto junto con su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, por acusaciones de corrupción.

Dicho esto, puede que la marea esté cambiando de dirección. Se dice que Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, no se reunirá con el presidente Morales y con la ministra de Exterior, Sandra Jovel, durante su próxima visita a la región del Triángulo Norte.

“Sin una mayor presión de Estados Unidos y de la comunidad internacional, no veo que las autoridades guatemaltecas actúen contra Morales”, añadió Allison. Sin embargo, “es un poco más probable que si hay evidencia que soporte las denuncias contra Morales, puedan abrirse procesos por esos cargos en juzgados estadounidenses”.