La audiencia que se siguen en contra de nueve integrantes del Concejo Municipal del período 2012-2016, cuatro constructores y un exempleado municipal, fue suspendida este 6 de mayo debido al traslado de la juez Abelina Cruz Toscano.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

En enero pasado, agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) iniciaron con la presentación de argumentos que vincula a los exfuncionarios, los constructores y al exempleado municipal con un caso de corrupción originado en la Municipalidad de Quetzaltenango, desde entonces las audiencias de esta primera etapa se han venido retrasando por varias situaciones.

Este 6 de mayo se tenía previsto la argumentación de la defensa de tres sindicados; sin embargo, debido a que la juez Abelina Cruz Toscano fue trasladada a la capital, la audiencia se suspendió.

Ocurre que Cruz Toscano fue nombrada titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D” de la capital, en su lugar se nombró a un juez quien se excusó por ser conocido de la mayoría de los sindicados, posterior a ello se nombró al juez suplente Hugo Luis Francisco Escalante Morales.

“Después de ser notificados del cambio, presentamos un recurso de reposición a la Sala Quinta de Apelaciones, esperamos tener respuesta la próxima semana”, informó el abogado de los acusados, Jefry Díaz.

Díaz explicó que el recurso se planteó considerando que se violenta el principio de juez natural, ya que la juez Abelina Cruz fue quien conoció el caso desde un principio.

“Solo falta la resolución de la juez, es decir que únicamente falta que la juez diga si se les liga a proceso o no, creo que es importante que ella sea quien concluya esta primera etapa”, aseveró Díaz.

Si la Sala Quinta de Apelaciones denegara la solicitud planteada, el juez Escalante Morales deberá repetir todo el proceso.

DATOS

En la investigación conjunta de Cicig y la Feci se evidenció la existencia de una estructura criminal organizada, integrada por funcionarios municipales (alcalde y miembros del Consejo Municipal y el jefe de la oficina de planeación); empresarios y otros particulares que actuaban de forma planificada para que se otorgaran de manera fraudulenta al menos 122 contratos municipales a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales llegaban al 40 % del valor del contrato.

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