La administración de Luis Grijalva está siendo duramente criticada pues al principio la población creyó en su capacidad para sacar adelante al municipio, con el paso del tiempo las ilusiones se fueron desvaneciendo.

Por La Redacción/ La Prensa de Occidente

Luis Grijalva rompió el récord del alcalde con más antejuicios en menos de tres años, el desorden en mercados y el transporte urbano, así como la falta de ejecución son algunas de las dificultades que ha tenido que enfrentar.

Marco Arodi Sazo, docente universitario de la carrera de derecho, señaló que cuando una persona ostenta un cargo público obtiene responsabilidades de acción y responsabilidades de omisión, por las cuales debe responder ante la población, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y en algunos casos ante un juez.

“La falta de ejecución, como la mala ejecución puede acarrear hallazgos, denuncias y demandas, eso se puede convertir en el delito de incumplimiento de deberes que podría iniciar con una multa de la Contraloría General de Cuentas. Si este ente considera que hay delito, entonces podría presentar una denuncia en la Fiscalía de Delitos Administrativos”, explicó Sazo.

En los dos primeros años de administración, Grijalva llegó al 5 % de ejecución, en 2018 según el informe anual alcanzó el 10 %, este año podría alcanzar un porcentaje más alto si se logra culminar con el proyecto de recapeo, iniciado en marzo pasado, ya que este ocupa el primer lugar de obras a ejecutar en el presupuesto anual.

Si en caso no se ejecutara, la CGC o alguna persona particular podrían encuadrar una demanda basada en la Ley de Presupuesto, Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, el Código Municipal que responsabiliza a todo el concejo y el Código Penal, según explicó el abogado Zazo.

“Se han entablado muchas demandas en mi contra, recientemente me enteré de otro antejuicio en mi contra, pero eso no me quita el sueño porque yo estoy haciendo lo que me corresponde, no hemos logrado ejecutar al ciento por ciento, por los tropiezos engorrosos que tiene la Ley de Contrataciones del Estado”, afirmó el jefe edil.

Luis Grijalva podría ser recordado como el alcalde con más antejuicios y con menos capacidad de ejecución del presupuesto municipal.

Del antejuicio

El alcalde Luis Fernando Grijalva Minera fue denunciado por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”. La denuncia fue presentada por miembros de la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios de Quetzaltenango, debido a que el 13 de marzo de este año debió realizarse una sesión del Concejo Municipal, donde se conocerían las reformas al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sin embargo, el alcalde suspendió la sesión.

En esa ocasión, el jefe edil argumentó que había escuchado de una manifestación por lo que no se presentó a la sesión y solo llegaron concejales de oposición, ante ese hecho, ya no se volvió a conocer más sobre posibles reformas al POT, algo que molestó a los comunitarios porque había ya un compromiso del jefe edil.

Los denunciantes Mario Pérez, Florencio Hernández, Francisco Monzón y Jorge Obispo Rojas fueron escuchados el 3 de mayo, mientras que al alcalde aún no se le ha notificado de la fecha en que deba rendir su declaración.

“Se ha burlado de las comunidades, se comprometió a hacer reformas al POT, y luego se hizo para atrás, hay un compromiso que se hizo en el Ministerio Público de realizar diálogos, pero él es intransigente y no sabe dialogar, nosotros también somos autoridades y merecemos respeto”, señaló Mario Pérez.

Por su parte, Grijalva comentó: “Este sería el antejuicio número 16, hasta ahora no me han notificado de cuándo tengo que ir a declarar, pero como en los anteriores, voy a dar la cara porque no tengo nada que esconder, de todos lo que me han presentado ya desvanecí la mayoría, solo quedan dos o tres”, acotó el jefe edil.

La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, designó a la licenciada Vilma Patricia Rodríguez de Láinez, como jueza pesquisidora en este caso.

El alcalde ha sido uno de los más denunciados como jefe edil que ha tenido la ciudad, el más reciente antejuicio que se tramita en su contra, está relacionado a un contrato que hizo con la empresa de telefonía celular Tigo, el Concejo Municipal supuestamente autorizó el contrato por cuatro años, y él lo firmó por diez, según los concejales de oposición Roberto Soto, Gerardo Yarsebsky y Fabiola Ávila, cuya denuncia ratificaron el mes de abril.