El reto del Organismo Judicial (OJ) es cumplir con el lema de “Una justicia pronta y cumplida”. Estudios han revelado que, en promedio, un sindicado permanece en prisión preventiva unos 918 días desde que es ligado a proceso penal, hasta que se dicta sentencia, ya bien sea absolutoria o condenatoria.

Desde que la persona es aprehendida, los salarios de los agentes de la Policía, del personal de MP y del Juzgado de Turno, suman unos Q150 mil, en la primera etapa.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

El magistrado Néster Vásquez señala que una de las razones del retardo judicial es la falta de jueces. “No tenemos jueces para atender todos los casos”, comenta.

“Lamentablemente, los índices de violencia en Guatemala y Quetzaltenango han subido y no podemos cumplir con el estándar latinoamericano de jueces que establece un porcentaje de juzgadores por población y aquí nosotros tenemos un juez que cubre el doble del porcentaje de población”, indica Vásquez.

La mora judicial no solo representa daños en tiempo, ya que el 98 por ciento del período de espera de resoluciones se produce inactividad procesal, al cual se le califica como “tiempo muerto”, ya que los expedientes no tienen movimiento, también genera costos monetarios para el Estado, debido a los recursos que la ley establece en el debido proceso.

“La ley permite que se implementen medios de impugnación y se pueden plantear amparos, inconstitucionalidades, etcétera, eso toma tiempo y obviamente genera un costo para el Estado y también para los interesados”, reconoce el magistrado Vásquez.

El CIEN determinó que en 2017 ingresaron 48 mil 500 casos, de los cuales 34 mil 100 fueron resueltos.

El año pasado, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) realizó un análisis detallado de la carga en los juzgados penales, en el que determinó que en 2017 ingresaron 48 mil 500 casos, de los cuales 34 mil 100 expedientes fueron resueltos, lo que supone que el OJ dio respuesta a siete de cada diez casos, pero la proporción cambia, a dos de cada diez casos cuando se le suma la mora acumulada en años anteriores.

De acuerdo con el CIEN, el OJ reporta una mora en 134 mil 200 casos que, dicho sea de paso, vienen de años anteriores. “Justamente es por eso que en mi gestión estamos tratando de crear otros órganos jurisdiccionales, en Quetzaltenango se ha fortalecido no solo a las judicaturas penales, sino de trabajo, de familia entre otros, para reducir esa mora judicial”, expone el magistrado Vásquez.

Perla Nowel, jueza presidente del Juzgado de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, explica que el Estado de Guatemala gasta alrededor de Q150 mil por un proceso judicial, siempre y cuando la causa no tarde más de un mes y no llegue a los Tribunales de Sentencia. “Si hacemos la suma desde que la persona es aprehendida, los salarios de los agentes de la Policía, del personal de Ministerio Público (MP) y del Juzgado de Turno, nos dan los Q150 mil solo en la primera etapa”.

De acuerdo con Nowel, si los procesos van a una etapa de debate, a un tribunal de sentencia, el costo aumenta a medio millón de quetzales, dependiendo si el debate dura dos o más meses, tomando en cuenta que el proceso se podría alargar por los recursos que las partes podrían plantear. “Solo en la fase de sentencia hasta las apelaciones sumamos los Q400 mil, solo en salarios de las personas que trabajan en el Organismo Judicial, sin contar el costo que representa para el sindicado al contratar a su defensa”, recalca la jueza.

 

La proporción cambia, a dos de cada diez casos, cuando se le suma la mora acumulada de años anteriores.