Para conocer los problemas de Xela tome un bus urbano, compre en los mercados y pregunte sobre el último logro de los sindicatos de la municipalidad. Haga este ejercicio después de un día de lluvia y comprobará que algo –o mucho– no está bien en el municipio de Los Altos. Esta historia se cuenta en tres partes.

 Por Shirlie Rodríguez/Stereo 100

Atrás quedaron los días de un Quetzaltenango en el imaginario de los guatemaltecos como la segunda ciudad del país. Los jóvenes la recuerdan más por las fotografías y videos en redes sociales que muestran a personas en apuros por salir de sus vehículos porque la creciente de un día de intensa lluvia casi se los lleva. El colapso del sistema de drenajes es preocupación grande para sus vecinos, pero no la única.

Entender los padecimientos de una ciudad de más de 168 mil personas requiere abordar tres grandes problemas: los sindicatos, el transporte y los mercados.

Para Otto Vargas, presidente de la junta directiva de la Red Nacional de Grupos Gestores, Xela ya no es la segunda ciudad más importante del país. El ranquin de competitividad municipal que realizó la Fundación de Desarrollo de Guatemala traslada a este municipio al puesto número 18. “Salcajá y La Esperanza vienen detrás, pero a pasos agigantados porque se está generando infraestructura, economía y productividad, contrario a Xela”. La falta de desarrollo integral y la falta de planificación de las autoridades locales son la razón.

Este recorrido explica por qué ya no es más aquella ciudad importante de Guatemala, sino la que se inunda al primer aguacero. Y por qué ni sus mercados ni su transporte se modernizan.

Primer capítulo: Los sindicatos en días de lluvia

El sol de la mañana no alcanzó para secar el agua que la tormenta de la noche anterior dejó en las calles y avenidas. El agua sigue estancada. La luz muestra dónde deben trabajar las cuadrillas de limpieza de la municipalidad, lo inundado. En los pasillos de la municipalidad, Luis Grijalva, el alcalde, toma su celular para asegurarse personalmente de movilizar a los trabajadores de botas de hule, palas y cuanta herramienta sea útil para destapar drenajes.

Del otro lado del teléfono, el jefe de los trabajos de campo se disculpa por no atender la emergencia, es que tiene un partido de futbol. Para que quede claro que no irá, le recuerda al jefe edil que “está avalado por el pacto colectivo”. El documento obtenido a través de la Oficina de Información Pública, en su artículo 20, reza: “La municipalidad aceptará la participación y funcionamiento de las comisiones nombradas por la Asamblea General para la realización de actividades de orden sindical, cultural y deportivo”. Especifica que estas actividades serán en horario de trabajo y con goce de salario.

Mario Solís, director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quetzaltenango, menciona que está vigente el pacto colectivo que firmaron en la última gestión con el exalcalde Jorge Barrientos. Si este no se renueva, queda vigente el actual. “No se hizo un nuevo pacto, pero hemos avanzado en algunos puntos como las sanciones que se imponen a los trabajadores, antes no existían registros”, se resigna Solís.

Barrientos Pellecer durante sus tres períodos al frente de la comuna fue conocido por su complacencia hacia este grupo. Actualmente, es acusado de delitos como lavado de dinero, asociación ilícita y fraude por actos de corrupción en la municipalidad, está ligado a proceso penal y tuvo que pagar Q1 millón para obtener medidas sustitutivas.

Hace cuatro años, Grijalva prometió en campaña que su principal objetivo sería “ordenar la casa”. Aquellos empleados cuyo desempeño no era el esperado serían despedidos, pero el sindicato emplazó a la comuna y se quedó con los mismos empleados con que empezó y terminará su gestión en unos meses.

Para el concejal Gerardo Yarzebsky, el sindicato de trabajadores es una estructura incrustada dentro de la comuna que defiende a empleados que tienen un mal desempeño en sus labores. “Es un tema álgido, ellos (los sindicatos) están para proteger al trabajador, pero hay casos donde empleados vienen en estado de ebriedad y se demuestran los hechos de corrupción y el sindicato los defiende”, sustenta. Yarzebsky entró con la planilla de Grijalva con el partido Encuentro por Guatemala, a los pocos meses de asumir se convirtió en su oposición.

De los 1,200 empleados en la municipalidad el 50 por ciento está afiliado a uno de los dos sindicatos de la comuna:

  1. Sindicato de Trabajadores Municipales y de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).
  2. Sindicato de Trabajadores Unidos de la Municipalidad y de la EEMQ.

Cada año paralizan labores para forzar a las autoridades de turno a que aprueben aumentos salariales de Q100 a Q400. En 2018, el incremento significó Q275 mil más mensuales en su planilla. Este año no es la excepción, trabajadores de la EEMQ piden un aumento de Q700 por trabajador.

Auditoría Interna encontró en mayo de este año anomalías en el departamento a cargo de recibir el pago de IUSI, evidenció malas prácticas de trabajadores. La muni busca accionar legalmente y el sindicato evitar sanciones para sus afiliados.

Grijalva fue incapaz de hacer las reformas necesarias, señala Yarzebsky, los sindicatos le ganaron el pulso.

Los días de lluvia afectan a los vecinos de varias zonas, y así será mientras un pacto colectivo priorice un partido de futbol ante una ciudad inundada.

“Del otro lado del teléfono el jefe de los trabajos de campo se disculpa por no atender la emergencia, es que tiene un partido de futbol”

Segundo capítulo: El servicio de buses en manos de pandillas

Las 19:00 horas de una noche entre semana, un bus sin identificación de la ruta que cubre su recorrido. “Tomamos el bus en la zona 1, pero al llegar a la rotonda de la zona 2, se levantaron unos hombres y nos gritaron que era un asalto”. Este es el relato de un estudiante de regreso a casa con su amiga, después de una jornada de universidad.

“Me tiré del bus, detrás de mí otras personas, en ese momento no nos importó lastimarnos”. Al levantarse observó el momento en que desviaban el vehículo con el resto de pasajeros. No supo más. “Vi cuando los asaltantes saludaron al piloto, no puso resistencia, parecía que sabía qué camino tomar”.

Historias como esta suceden de día y de noche en Quetzaltenango, donde circulan 850 buses del servicio urbano, según la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ). Desconocen a cuántas personas movilizan día a día. Se norman por el mismo reglamento de 1989, el cual no establece parámetros de identificación de pilotos ni el buen estado de las unidades.

Diego Morales, síndico y presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, confirma que existen pandillas que operan dentro del servicio urbano, por eso los propietarios de las unidades se resisten para que la comuna regule las rutas, el pago e identifiquen a los conductores.

Durante la administración de Grijalva se intentó normar en 2016: iniciaron con los estudios para crear el reglamento para establecer la forma de trabajo con los buses y se tuvo acercamientos con transportistas para comprar nuevas unidades. Se creó una mesa técnica que incluía a sociedad civil, municipalidad, transportistas y empresarios para encontrar una solución al servicio deficiente, pero solo quedó en intento.

El transporte urbano lo dirigen empresas, coordinadoras y personas individuales, algunos de ellos se resisten a verificaciones de las unidades porque temen confirmar el mal estado de estas. Estuardo Miranda es representante de la Coordinadora de Transportes de Quetzaltenango, en 2012 inició las gestiones para modernizar el servicio. La tarea la realizaba junto con el exsíndico Carlos Illescas, ligado a proceso penal por actos de corrupción; por ello, no dieron seguimiento.

Desde el inicio de la gestión de Grijalva, el síndico Morales preside la comisión, pero “por la falta de firmeza y que no sabían a dónde llegar”, dice, esto quedó en la misma situación: en nada. “Los funcionarios asignados a estas comisiones caen en corrupción y empiezan a recibir dinero para autorizar rutas y unidades nuevas. Esto genera inseguridad, abusos, asaltos, secuestros y violaciones… no está regulado”, lamenta Miranda.

Hay resistencia de los transportistas, incluso al jefe de la PMTQ, Diego Meckler, por accionar con base al reglamento actual. “Les he dicho a varios transportistas que hay plata para pagar los abogados, pero no para reparar sus vehículos”, insiste Morales.

Por cada unidad de transporte deben pagar Q50 mensuales, cuota establecida como un aporte, la cual no están obligados a pagar porque no está establecido como arbitrio. Estos ingresos podrían llegar a representar Q1 millón para las arcas municipales, según la comisión de transportes.

El exalcalde Rigoberto Quemé Chay resalta que las autoridades municipales que llegaron después de su gestión (1996 a 2004) no atendieron el tema del transporte a tiempo para modernizarlo. Tampoco se crearon las condiciones para que los empresarios invirtieran en este sector. “Lo digo con seriedad y responsabilidad, el transporte urbano está manejado por maras, la delincuencia se ha apropiado del transporte urbano en Quetzaltenango”, resalta Quemé.

La Municipalidad de Quetzaltenango y la Gobernación Departamental trabajan en conjunto con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) para dar seguimiento a las denuncias no solo de robos, sino también de extorsiones. El gobernador departamental, Julio César Quemé, lo reiteró: Hay pilotos que conducen sin la documentación necesaria y algunos tienen antecedentes delictivos.

En junio pasado se reportaron 86 capturas por delitos de robo y hurto, según la PNC de Quetzaltenango; no separa los hechos delictivos ni donde ocurrieron, solo ofrece el dato consolidado.

El joven que narra cómo escapó de un asalto a bus no figura en esa cifra. Igual no lo habría denunciado, dice. En los datos hay subregistro.

“Vi cuando los asaltantes saludaron al piloto, no puso resistencia, parecía que sabía qué camino tomar”

Tercer capítulo: Los mercados son tierra de nadie

La cabecera de Quetzaltenango es lugar de compras al por menor y mayor para vecinos locales, así como de municipios y departamentos cercanos. Las alertas de la corrupción también se escuchan en sus cincos mercados, parte importante de la economía de Xela:

La Terminal Minerva

La Democracia

Los Trigales

Las Flores

Centro Comercial, zona 1

Fabiola Ávila, concejal sexta del partido Encuentro por Guatemala, explica que durante los tres años en la comuna ha evidenciado anomalías y actos de corrupción, cuando integró la Comisión de Abastos.

Tuvo a la vista decenas de quejas de arrendatarios despojados después de 20 años en el lugar, por otros inquilinos que aseguraban haber pagado por el mismo espacio. “Lastimosamente, quedó en quejas porque las personas temían repercusiones si los denunciaban al Ministerio Público, por lo tanto ninguna ha trascendido”, comenta.

Existen 16 sindicatos en los mercados cuyos integrantes realizan cobros ilegales a los arrendatarios y vendedores informales, lo cual explica por qué el dinero no llega completo a la municipalidad, dice Roberto Escobar, director de Abastos. Informó al Concejo Municipal que de los Q14 millones que deberían llegar a las arcas municipales, solo obtienen Q8 millones.

Lo explica así: Abastos realizó un censo donde contaron a 1,041 comerciantes informales en el mercado La Democracia. Si cada uno paga Q5 diarios, al mes serían alrededor de Q156 mil, pero el dinero no ingresa a la municipalidad. Hay indicios de que existen personas fuera de la comuna que realizan cobros de forma ilegal. Y este es solo uno de los cinco mercados.

Otros grupos ejercen la violencia para evitar los cambios y el ordenamiento. El parque Benito Juárez, invadido por ventas informales, no fue tomado en cuenta para la recuperación de espacios debido a amenazas de muerte a los encargados del proyecto. Eligieron perder esa área pública antes que perder la vida.

Los mercados son un reflejo de la Ciudad Altense, crecen desordenados sin que nadie pueda hacer algo. El último en intentarlo hace 16 años fue el exalcade Quemé Chay, sin mucho éxito, por cierto.

 

“Existen 16 sindicatos en los mercados cuyos integrantes realizan cobros ilegales a los arrendatarios y vendedores informales”

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