El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desvelaron una supuesta red de corrupción dirigida por el exalcalde Jorge Rolando “Mito” Barrientos.

Mirna Alavarado/La Prensa de Occidente

Desde muy temprano, los quetzaltecos fueron sorprendidos con la noticia de que el exalcalde, su esposa, hijas y yerno habían sido capturados; constructores, exempleados y dos exconcejales, dos exsíndicos y una exdiputada y exgobernadora.

En las afueras del complejo de tribunales, reporteros y allegados a los sindicados se encontraban esperando el arribo del ex jefe edil, pero no fue sino hasta el filo del mediodía que ingresó junto a su cónyuge.

Fueron días enteros los que se tomaron para el desarrollo de las audiencias de primera declaración. A finales de diciembre, la entonces juez de Mayor Riesgo, Abelina Cruz Toscano, dejó en libertad a Rosana Schoenfeld (esposa del exalcalde), Gabriela y Carmen Barrientos Salguero (hijas), René Morales (yerno) y Vivian Jacobs (exempleada de la municipalidad).

En tanto que 14 sindicados, entre constructores, exfuncionarios y un exempleado fueron ligados a proceso, con derecho a medida sustitutiva para salir del reclusorio.

Entre enero y febrero, los sindicados recobraron su libertad tras pagar una caución económica; las primeras investigaciones de la Feci revelaron que el exalcalde y su supuesta organización recibían beneficios a cambio de adjudicar proyectos a más de diez empresas. Según se indicó, fueron 122 obras por un monto de Q73 millones 317 mil 703.25.

Los sindicados recibieron, además, vehículos y otros regalos, señalaba el informe de la Cicig. La juez Abelina Cruz Toscano dio tres meses para que el Ministerio Público hiciera una investigación más profunda. Pasado ese tiempo, la juez Cruz fue trasladada a la capital.

El colaborador eficaz, Jorge Ernesto Palomo, ahora es señalado y confesó que aceptó colaborar con los investigadores por los beneficios de no ir a prisión, además, de su tío Fredy Leppe y su secretaria Ángela Barrios.

Cambio de juez

En su lugar se delegó al juez Hugo Escalante, quien desde entonces se encuentra conociendo un incidente planteado por la defensa de Mito Barrientos, en la que se hizo ver diversas faltas al debido proceso durante la recepción de la declaración del colaborador eficaz.

Escalante aceptó el recurso de incidencia, por lo que el colaborador eficaz, Jorge Ernesto Palomo Leppe, se presentó como sindicado en igualdad de condiciones que aquellos a quienes acusó.

El 25 de julio de este año, Palomo Leppe se presentó ante el juez Escalante, donde pidió perdón a los exfuncionarios y constructores que están siendo procesados.

A partir de esa fecha se han desarrollado no menos de dos audiencias semanales en las que se continúa la presentación de medios de prueba, dentro de este incidente, por lo que la etapa intermedia aún no ha comenzado.

Para la abogada Mónica Fuentes, a un año de las capturas, el caso no avanza como debería y solo para resolver la primera declaración pasaron más de tres meses. “Ahora nos encontramos en fase de recepción de pruebas de un incidente que plateamos como defensa del doctor Barrientos, después se considerará otro incidente planteado por la defensa del exconcejal Maximiliano de León”, aseveró Fuentes.

De acuerdo con la información emanada del Juzgado de Mayor Riesgo, la etapa intermedia no puede iniciarse sin que los incidentes sean resueltos. “Para el próximo lunes se tiene programada una audiencia en la que se debe continuar con la presentación de pruebas dentro del proceso de incidentes planteados por la defensa de los sindicados”, señaló una fuente oficial.

“Como abogada litigante, el llevar un caso largo, jornadas de audiencias extensas y que se programan para varios días, implica dedicarse exclusivamente en un 80 por ciento solo a ese caso y dejar de recibir trabajo en la oficina, algo que el cliente debe valorar”, explicó Fuentes.

Según la profesional del derecho, el desarrollo del caso, debido a la complejidad que tiene, es completamente normal por la abundancia de medios de investigación, la cantidad de sindicados que tienen derecho a nombrar cuantos defensores consideren y estos últimos, a defender a sus clientes con todos los medios que la ley confiere por ser la defensa una garantía constitucional y procesal.

El abogado Jefry Díaz externó que el caso ha tenido avances; uno, que los sindicados recobraron su libertad en cuatro meses, dado que la primera declaración duró tres meses y diez días.

“Se ha diligenciado y se han presentado pruebas de descargo, de forma general e individual, el trámite del incidente que logró que Palomo Leppe fuera llevado al proceso como sindicado y no como colaborador eficaz. Palomo siempre ha sido sindicado, pero ahora en las audiencias de incidente está en igualdad de condiciones que nuestros patrocinados”, resaltó Díaz.

Según el litigante, el desarrollo del caso es en tiempo adecuado debido a la cantidad de señalados, dependiendo del número de acusados así es la cantidad de trabajo. “Si para defender a una sola persona tardamos más de tres o cuatro meses, lo macro de este caso va en tiempo justo”, aseveró.

Respecto al cambio de juez, Díaz opinó que: “el actual es más accesible en la coordinación de agendas, por eso el desarrollo del proceso ha ido bien, los dos coinciden en que se debe resolver lo más rápido posible, pero en cuestiones de fondo no puedo opinar, pues cada juez resuelve conforme a derecho y hasta ahora el juez Escalante no ha llegado a esa fase”, sostuvo.

Agregó que la juez Abelina Cruz Toscano resolvió aspectos de fondo y su decisión fue conforme a derecho, pues al tiempo que ligó a proceso también otorgó medidas sustitutivas, lo que quiere decir que no escatimó en tiempo para emitir un fallo, “esa fue una decisión más de fondo”, recalcó el abogado defensor.

La Fiscalía determinó que los involucrados en la supuesta red criminal se habrían beneficiado con el fraude cometido en más de cien contratos para obras municipales, los constructores a cargo de los proyectos entregarían coimas a los funcionarios, las cuales sumarían más de Q25 millones.

El colaborador eficaz Palomo, quien ahora es señalado, confesó que aceptó colaborar con los investigadores por los beneficios que obtendría, es decir, que la Feci le garantizó que no iría a prisión, además de que su tío Fredy Leppe y su secretaria Ángela Barrios no tendría problemas, pues ellos le prestaron documentos personales para crear empresas que luego utilizaría para captar la mayor parte de proyectos ofertados por la comuna altense.

Palomo Leppe ahora en las audiencias de incidente está en igualdad de condiciones.