En la última semana finalizaron las diligencias en el proceso de antejuicio que se lleva en contra del alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle. La jueza pesquisidora Perla Nowel, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, estuvo a cargo de las investigaciones respectivas.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

La resolución de la jueza Nowel da cuenta de que existen indicios de posibles delitos cometidos por el jefe edil. El informe fue enviado a la Sala Quinta de Apelaciones para decidir si el funcionario mantiene o se le retira la inmunidad.

La Sala Quinta de Apelaciones tenía previsto resolver el viernes, sin embargo, la misma fue suspendida y se espera que sea la semana próxima cuando se defina si el alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle, podrá o no ser investigado.

Ovalle es acusado de los delitos de abuso de autoridad, usurpación, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, y la denuncia es por la disputa de la propiedad de un pozo para agua en la zona 4 de Salcajá, entre vecinos y la comuna.

“Habiendo finalizado las diligencias de antejuicio en relación a los hechos denunciados, sí hay motivos racionales suficientes para declarar ha lugar a formación de causa en contra del denunciado Rolando Miguel Ovalle Barrios, alcalde municipal de Salcajá”, se lee en la resolución de la jueza Perla Nowell, nombrada juez pesquisidora, en el caso presentado en contra del jefe edil de esa localidad.

La denuncia fue interpuesta por Teolinda Ixcatcoy, vecina del barrio El Cerrito, El Carmen, zona 4, luego que la administración edil iniciara trabajos de adoquinamiento en un sector de su propiedad, para que funcionara como calle pública.

“En consecuencia, sí hay suficientes indicios para quitar la inmunidad de la autoridad denunciada, ya que el Concejo Municipal ha reconocido la propiedad de los denunciantes”, reza en otra parte de la resolución. Entre las pruebas que la jueza pesquisidora tomó en consideración para emitir la resolución, se mencionó la copia de la escritura registrada del terreno en disputa, donde se comprueba que la familia de la denunciante ha tenido la propiedad por más de 70 años.

La Sala Quinta de Apelaciones tenía previsto resolver el viernes, pero se suspendió la audiencia.