Cada cuatro años, las dudas y sospechas sobre vicios rodean el proceso para el nombramiento de gobernadores departamentales; alcaldes, diputados, financistas y el propio Ejecutivo mantienen el pulso por mantener el control no solo en el puesto, sino por el manejo de los fondos en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

“Un buen candidato a gobernador departamental debe tener liderazgo, habilidades en el manejo y coordinación de políticas públicas, destrezas para poder decidir entre lo prioritario y lo relevante, independencia del cargo, capacidad de diálogo que pueda consensuar entre todos los sectores”, Erick Juárez, abogado y analista.

Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

El Gobernador es el representante del presidente en el departamento, es un puesto codiciado porque, como gobernador se constituye en coordinador del Codede, por lo que puede tener influencia en la disposición de recursos, y hasta en la selección de empresas para la contratación de obras pasa por sus manos.

Estos funcionarios como dirigentes de los Codede también están sujetos a dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, así como proponer la distribución del monto máximo de recursos de preinversión e inversión pública.

El inciso “K” del artículo 10 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece que es función de los representantes de la Sociedad Civil ante el Codede, “proponer al Presidente de la República la terna respectiva de candidatos a los cargos de gobernador titular y gobernador suplente departamental”.

Respeto a la normativa

Sin embargo, esta disposición no ha sido respetada en los gobiernos anteriores y la posible influencia de actores políticos se pone de manifiesto; un claro ejemplo es lo ocurrido durante este gobierno, cuando el presidente Jimmy Morales nombró a Claudia Ávila, quien figuró durante las elecciones de 2015 como candidata a diputada por el FCN-Nación, el partido político que lo llevó a la Presidencia.

La terna propuesta por los representantes de la Sociedad Civil no fue aceptada por el mandatario, por lo que en julio de 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia donde se obligó al Presidente de la República destituir a los gobernadores y elegir de la terna propuesta por representantes de Sociedad Civil, legalmente reconocidos en el Consejo de Desarrollo Departamental.

La sentencia de 2017 tiene su antecedente en la acción de amparo número 717-2008, promovida ese año (2008), cuando el expresidente Álvaro Colom nominó a Noé Gómez, quien no estaba en la terna pero sí figuraba entre los simpatizantes del partido UNE. El amparo fue presentado por el abogado Erick Juárez a petición de Sociedad Civil; en ese entonces, la resolución de la CC fue dividida, unos magistrados le dieron la razón al amparo y otros no, pero los argumentos manifestados en el expediente sirvieron de base o fundamento en la resolución emitida en julio de 2017 (nueve años después).

“Esta resolución es vinculante porque se obliga al Presidente a considerar y nombrar a una de las tres propuestas que le trasladen los representantes de la Sociedad Civil, eso significa que el nombramiento de Gobernación ya no queda a discreción solo del Presidente”, explicó el abogado Juárez.

De acuerdo con el profesional, el fallo de la CC marca un antes y un después en la elección de gobernador, pues ahora se obliga al mandatario a respetar la terna, pero surge el dilema de la forma en cómo debe hacerse la nominación y la transparencia de quienes tienen bajo su compromiso seleccionar a los tres aspirantes.

“La responsabilidad de quienes integran la Sociedad Civil es bastante grande, pues ahora se pone a prueba la capacidad de los representantes de los diferentes sectores para hacer un proceso limpio y transparente”, detalló Juárez.

El inciso “K” del artículo 10, establece que es función de los representantes de la Sociedad Civil ante el Codede, “proponer al Presidente de la República la terna respectiva de candidatos a los cargos de gobernador titular y gobernador suplente departamental”.

La sociedad al margen

“Llama la atención que casi dos meses de la elección de nuevo gobernante, no se sepa cuáles son los lineamientos o términos de referencia para optar al cargo, a lo mejor están manejando tiempos políticos o posiblemente se trata de descoordinación entre ellos”, indicó el entrevistado.

Según Juárez, si el proceso de nominación de gobernador no se hace en tiempo, se tendrá efectos negativos ante la población en general, pues se daría la pauta de falta de transparencia y de influencias en el proceso.

“Se podría dar un proceso deficiente, incompleto de elección de terna, si se dan los atrasos, se puede privilegiar a quien tenga el beneplácito del Presidente, lo que indica que la Sociedad Civil seguirá la misma ruta”, resaltó el jurista.

“Cumpliría con los requerimientos, sí, pero no tendría el tiempo para analizar, cuestionar, indagar a cada uno de los aspirantes”, agregó Juárez. 

Secretario ejecutivo de la Presidencia

Julio Antonio Díaz, representante del sector laboral ante el Codede, manifestó que el proceso de convocatoria a aspirantes a ocupar el cargo de Gobernador no se ha realizado debido a que aún no se cuenta con el nombramiento del titular de la Secretaría de la Presidencia, quien es el encargado de ejecutar las convocatorias.

“Hasta ahora no hemos tocado el tema, porque desde el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (Coredur) se pretende hacer un planteamiento regional, es decir, definir las fichas técnicas para toda la región”, dio a conocer Díaz.

En la convocatoria de hace cuatro años, se contó con la participación de 42 aspirantes, 16 expedientes fueron descartados porque no tenían toda la documentación, uno de los requisitos era contar con el finiquito respectivo; 26 expedientes fueron sometidos a un segundo proceso de calificación, luego 14 aspirantes fueron entrevistados de forma directa.

“De los últimos 14 evaluados, se consideró a cinco, quienes participaron en un panel foro; los que tuvieron las mejores calificaciones fueron quienes conformaron la terna”, precisó Díaz.

Otra de las razones por la que la convocatoria a nominación de terna de gobernador no se ha realizado en Quetzaltenango, es que algunos sectores están llevando a cabo asambleas para elegir a sus nuevos representantes, tal es el caso del sector cooperativista y del pueblo maya mam.

“Considero que la próxima semana tendremos la primera reunión con todos los representantes para determinar cuáles serán los lineamientos a trabajar, tendremos que revisar los términos de referencias que se utilizaron en procesos anteriores”, afirmó el representante laboral ante el Codede.

Orlando Salanic, representante de oenegés ante el Codede, indicó que para la mayoría de representantes de sectores sociales será su primera experiencia en este proceso, por lo que se considera establecer mecanismos que permitan la máxima transparencia.

“Hemos tenido acercamiento de personas que fueron candidatos a alcalde, han mencionado que tienen a su representante y que cuentan con la bendición del presidente, pero si el aspirante no llena las características que se van evaluar, definitivamente no estará dentro de la terna”, afirmó Salanic. 

El perfil de un gobernador

“Un buen candidato para ese puesto debe contar con: liderazgo, lo cual no es sinónimo de carisma, es habilidades en el manejo y coordinación de políticas públicas, destrezas para poder decidir entre lo prioritario y lo relevante; independencia del cargo, capacidad de diálogo interinstitucional que pueda consensuar entre todos los sectores”, puntualizó Erick Juárez.

Tomando en cuenta que hay un antecedente que obliga al mandatario a respetar la terna, la responsabilidad de hacer un proceso de nominación, con transparencia y con toda legalidad recae en los representantes de la Sociedad Civil ante el Codede.

Durante la elaboración de este reportaje, de forma extraoficial se supo que entre los aspirantes a gobernador que aducen tener la bendición del Ejecutivo están las siguientes personas:

1.- Juvenal Fuentes, ex asesor jurídico del Segundo Registro de la Propiedad y extrabajador de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

2.- Jayro López, exalcalde de Cabricán.

3.- Natán Rodas, excandidato a la alcaldía de Xela, fue diputado por el cuestionado Partido Lider.

4.-Francisco Santos, expostulante a la alcaldía de Xela.

5.- Jesús Cifuentes, excandidato a la alcaldía de Xela, participó con el partido de gobierno Vamos.

6.- Julio César Quemé, actual gobernador que pretende que sea nuevamente nombrado.

7.- Alfredo Palmieri, médico y expresidente de la Cámara de Comercio, filial Xela.

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