Afinar el reglamento de la Empresa Municipal de Agua de Xela y decidir qué medidas tomará para cobrar la deuda de los vecinos es ahora tarea del nuevo alcalde.

Carlos Estrada/de Ojoconmipisto.com

De 2001 a la fecha, la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) tiene registrados 27 proyectos habitacionales que solicitaron conectarse a la red municipal. De estos, 11 ya completaron los requisitos para ser aprobados, a cambio de aportar al programa “contribuciones por mejoras” –con alguna obra de infraestructura adicional o donación de materiales–. El problema está en que al no existir un reglamento que lo regule, algunas solicitudes se repiten.

De esta cuenta, el costo por conexión de cada uno de los proyectos varía. Pueden ir desde los Q1,550.10 hasta Q6 mil 95.17 por vivienda por conexión. La lotificación Efraín Bámaca, de 22 viviendas, ubicada en la zona 5 de Quetzaltenango, pagó el primer monto, en tanto que Residenciales San Joaquín, de 37 casas, en la zona 3, el segundo.

La EMAX, aún cuando depende del Concejo Municipal, tiene independencia para actuar y decidir sobre qué mejoras necesita para su red. Pero estas deben ser autorizadas por la corporación durante una sesión ordinaria.

Con esta libertad –a lo largo de la administración de Jorge “Mito” Barrientos, investigado por aceptar sobornos de constructores a cambio de obras municipales–, la EMAX solicitó el mismo proyecto de mejoras a distintas inmobiliarias que solicitaron conectarse a la red de agua municipal.

Una y otra vez

En 2007, la EMAX pidió a la desarrolladora del condominio Residenciales San Joaquín, la construcción de “63 metros lineales de circulación perimetral con muro de piedra del predio del depósito zona media, zona 9, Quetzaltenango”. Dos años más tarde, en 2009, se lo pidió al condominio Agapantos I, como parte del programa “contribución por mejoras”.

La EMAX entregó recibos simples por la donación según el concepto solicitado. Estos no tienen sello ni logo de la comuna o alguna constancia de que está respaldado o autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

Estos aportes fueron solicitados con base en el reglamento de 1977 vigente entonces, y actualizado hasta 2017, en donde se establecieron nuevas tasas por el servicio de agua, y lineamientos para la interconexión y abastecimiento de agua en el municipio de Quetzaltenango.

Seis años después, en 2015, la EMAX volvió a pedir circular el predio municipal. Era el último año de Barrientos al frente, aunque en esos momentos él creía que volvería a ser reelecto.

Según el acta 306-2015, el 11 de noviembre de ese año, el “Honorable Concejo Municipal” aprobó por unanimidad el proyecto denominado “Construcción de 63 metros lineales de circulación perimetral con muro de piedra del predio del depósito zona media, zona 9, Quetzaltenango”. Está vez la empresa, según la resolución, tendría que ejecutarlo en su totalidad, es decir, no solo entregar el material, como en las dos ocasiones anteriores. En esa ocasión a quien le tocó contribuir fue al condominio San Joaquín.

Las solicitudes de donaciones y aportes realizados por las empresas desarrolladoras a la EMAX deben ser registradas en la contabilidad; no fue sino hasta después de un amparo interpuesto por una de estas que la EMAX comenzó a hacerlo. Desde 2007 hasta la fecha, el director de la EMAX ha sido el ingeniero Juan Carlos Cifuentes.

Sanciones de la Contraloría

La auditoría anual de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de 2017 señala que el Reglamento de Prestación del Servicio Público de Agua Potable, puesto en práctica ese año, seguía sin contemplar los montos o valores, así como los criterios para autorizar la interconexión con proyectos privados. Critica la inexistencia de paramétros para establecer los valores y que el Concejo Municipal no lo hubiera aprobado.
Este hallazgo lo centra en el director de la EMAX, Juan Carlos Cifuentes, y en los miembros del concejo. “…debieron incluir los costos, cuotas o parámetros de valores del proyecto a realizar por parte de las urbanizadoras (…) de forma que se tenga una base legal y no incurrir en riesgo de desigualdad a la hora de solicitar los proyectos”.

Lo señalamientos de una empresa

Pese a los reparos de la CGC, la EMAX continuó sin definir con los parámetros y aplicó las normas de manera discrecional.

Los propietarios de la empresa Desarrolladora de Negocios y Proyectos de Construcción, S. A. mantienen una disputa legal con la EMAX desde 2017, cuando la EMAX intentó obligarlos a realizar dos proyectos de mejoras.

La EMAX pidió remodelar las tuberías ubicadas en las cercanías del condominio en la zona 8 de Quezaltenango y aportar materiales de construcción. La desarolladora estuvo en desacuerdo pues, el Plan Maestro no establecía nuevas mejoras para ese sector, ya que contaba con tuberías del tamaño adecuado para la cantidad de usuarios. Así que la EMAX lo pidió para otro lugar. Ellos no acataron esa orden por considerar que no existe un sustento jurídico para hacerlo.

Esto llevó a la empresa municipal a ratificar en 2018 el dictamen de 2015 y reconocer que en el sector en donde se realizará la interconexión, “no hay necesidad de mejoras, por lo que no se le puede obligar a la empresa a ‘donar’ en otro sector distinto”.

El abogado de la constructora interpuso un amparo –que aún no es resuelto– ante la negativa de la EMAX de informarle sobre la forma en la que se realiza el cálculo para determinar el valor que deben aportar las compañías para autorizar la interconexión. Es decir, esto sigue siendo discrecional.

Ante los reclamos de la desarrolladora, la EMAX pospuso la autorización del proyecto y pidió que los propietarios de las viviendas hicieran las gestiones para conectarse a la red. Este trámite es el usual, pero ahora quiere que se haga antes de que el proyecto habitacional salga vendido. Por esta razón, la disputa sigue en tribunales.
La EMAX no quiso pronunciarse para esta nota. Espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva para hacerlo.

Clientes morosos

El informe de auditoría de la CGC de mayo de 2018 señala que la EMAX tenía una cartera de clientes morosos para el período fiscal auditado que alcanzaba los Q20 millones 892 mil 902.71. Según el documento, había clientes que pasaron hasta 307 meses sin que la empresa hiciera algo por cobrarles.

Aunque tanto la directora administrativa financiera y el director de la empresa municipal intentaron justificar que sí habían actuado para intentar cobrar la cartera morosa, los auditores reiteraron el hallazgo.

La EMAX “tiene deficiencias en cuanto a la venta de servicios de agua potable, esto por la acumulación de mora de los usuarios del servicio, la que genera falta de liquidez económica para la empresa y la municipalidad”.

Poner en orden a la EMAX, afinar el reglamento y decidir qué medidas tomarán para cobrar las deudas, es ahora tarea del nuevo alcalde. Juan Fernando López (JF) asumió la alcaldía el pasado 15 de enero.