El consejo directivo del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) obtuvo una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para iniciar con la construcción del edificio de Ciencias Médicas y de la Salud, luego que se levantara el proceso judicial. 

Mirna Alvarado/LaPrensa.Com.GT

Esta semana, la directora del Centro Universitario de Occidente acudió a una sesión de Concejo Municipal, para solicitar el retiro de vehículos en el terreno donde se construirá el hospital universitario, debido a que en los próximos días se pretende publicar en el portal Guatecompras el evento para la construcción del inmueble.

María Paz indicó que, en noviembre pasado, un juez desestimó el caso de corrupción donde se involucró al exrector Estuardo Gálvez, que repercutió en la suspensión de la construcción del edificio.

De acuerdo con Paz, se cuenta con una donación de US$120 millones, de los cuales US$25 millones fueron asignados para la construcción de dicho edificio, en el cual se pretende habilitar el hospital universitario, que ofrecerá servicios de salud para toda la población quetzalteca y de la región.

“Tenemos ya el presupuesto, ese dinero no nos alcanzará, pero queremos iniciar, de lo contrario podemos perder la donación”, explicó la directora del Cunoc.

El pasado 29 de agosto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó 11 casos, entre los que resaltó el denominado “Posible hechos de corrupción en la Usac (administración de Estuardo Gálvez)”; resulta que la Comisión señala que Gálvez autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario la elaboración de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos.

Según el informe del ente investigador, desde 2013 se solicitó formalmente la construcción del edificio de Ciencias de la Salud, el cual albergaría a las carreras de medicina y odontología, y fue por medio del NOG. 2990768 que, en 2014, se otorgó la obra a la compañía Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (COCISA), por un monto de Q64 millones 120 mil 730.37.

En 2015, los trabajos fueron suspendidos por no contar “con la autorización expresa” de la Contraloría General de Cuentas, debido a que no se desvanecieron a su satisfacción, los señalamientos de control interno que habían expresado.