Ex concejo municipal de Xela deberá pronunciarse para saber si se queda JF

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La Sala Cuarta de Apelaciones de Quetzaltenango dio trámite a una acción de amparo presentada por los excandidatos a la alcaldía, en la que plantearon ilegalidad al darle toma de posesión al cargo a Juan Fernando López (JF).

Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

El ex concejo municipal dirigido por Luis Grijalva tiene 48 horas para emitir un informe circunstanciado, de acuerdo con lo resuelto por los magistrados Guillermo Demetrio España Mérida, presidente; Miguel Enrique Catalán Orellana y Giovanni Francisco Soto Barrios, vocales.

El excandidato Franck Ríos explicó que, al darle posesión a Juan Fernando López Fuentes se habría violado el artículo 45, literal b, del Código Municipal, que prohíbe ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal, a la persona que “directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio”.

También señaló quebrantamiento al artículo 53 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que determina que los candidatos a cargos públicos deben presentar una declaración jurada en la que garanticen “que llenan las calidades exigidas por la ley”.

Así como la regulación emitida en el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala, que enfatiza que los candidatos deben comprobar que no han sido contratistas del Estado o de otra entidad que reciba fondos públicos durante los últimos cuatro años antes de la fecha de su inscripción como candidato; en este caso, hasta el 10 de octubre de 2016, de lo contrario no podrían participar en la contienda electoral.

De acuerdo con el memorial presentado al Organismo Judicial, el martes 27 de marzo de 2018, “aparentemente” se rescindió el contrato de concesión y ampliación del Cementerio General de Xela; el convenio se firmó el 20 de marzo de 2007 entre la comuna altense (cuando era gobernante el exalcalde Jorge Rolando “Mito” Barrientos Pellecer) y la constructora J.F. Bienes Raíces, propiedad del actual jefe edil.

El documento resalta que en las Elecciones Generales de 2015, JF obtuvo una curul en el Congreso de la República (con el partido Unión del Cambio Nacional), pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le impidió tomar posesión del cargo por ser contratista del Estado.

Con el amparo, se pretende que la Sala deje sin efecto el cargo de alcalde de Quetzaltenango que asumió Juan Fernando López Fuentes.

“La acción de amparo es una garantía constitucional que se presenta para que no continúe una violación a derechos fundamentales y para que no se repita o se enmiende la violación. El informe de 48 horas es de trámite para determinar si se da con lugar el amparo provisional o no, pero independiente de ello ya hay un amparo previo”, comentó el analista legal Carlos Martínez.

De acuerdo con Martínez, si el amparo es resuelto a favor del o los denunciantes, de nuevo se abre la posibilidad de que Xela tenga por primera vez una alcaldesa, pues según el Código Municipal, en ausencia del jefe edil, asume él o la concejal primera.

Para el analista político José Luis Sigüil, la lentitud de los Órganos Jurisdiccionales se refleja en este caso, ya que hasta ahora ningún amparo relacionado al alcalde ha sido resuelto, “el detalle está en que el alcalde, con impedimento o no, ya asumió y lo que se genera es una incertidumbre por su futuro, lo cual podría repercutir en el buen funcionamiento de la municipalidad”, explicó.

Según Sigüil, la aceptación del trámite del amparo en contra del nombramiento del alcalde pone en riesgo la estabilidad de la comuna y la legalidad del jefe edil; ante eso, el Concejo como tal debe pensar en un plan de contingencia en caso JF sea separado del cargo.

Seis amparos más
El excandidato a la alcaldía, Frank Ríos explicó que son seis amparos vigentes presentados por ese mismo caso. “Planteamos varios, dos ya fueron desestimados y uno que fue en contra del Tribunal Supremo Electoral está en manos de la Corte Suprema de Justicia”, resaltó.

Cabe mencionar que el 25 de octubre de 2019, el Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparar al ciudadano Rubén Antonio Morales Girón, quien el 15 de abril de 2019 presentó un memorial ante el TSE en el que manifestó que el candidato del partido Humanista a la alcaldía de Xela, Juan Fernando López Fuentes, tenía impedimento para asumir el puesto por ser contratista estatal.

La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, que lleva el caso, pidió a la CSJ que se admita el amparo y que la persona que presentó la acción sea notificada si su petición fue admitida o no.

Morales Girón expuso los mismos argumentos que Ríos, pero una parte de su memorial señala que, aunque existe una escritura de rescisión de contrato entre la comuna y la empresa de JF, “el señor Juan Fernando López Fuentes tiene una acción vinculante con la Municipalidad de Quetzaltenango porque el Concejo, en sesión ordinaria, no aprobó la rescisión del contrato”.

Del contrato
El contrato inicial era una concesión por un año. En la escritura pública número 163, de fecha 13 de abril de 2007, se suscribió la primera ampliación de seis meses. Luego, el 21 de junio de ese mismo año, en la escritura pública número 263 se estableció la segunda ampliación de seis meses más. Con eso, JF tenía hasta 2009 para cumplir con las especificaciones de la propuesta.

En 2009, el proyecto se detuvo y se solicitó la rescisión del contrato, pero no se ejecutó. La Contraloría General de Cuentas emitió varios reparos por esos años contra la comuna altense, y cada una de las multas las pagó el entonces jefe edil Jorge Barrientos.

Hasta 2009 eran 2 mil 709 nichos construidos por la empresa de JF, de los cuales vendió 2 mil 184 a Q6 mil 700 cada uno. Los restantes 525 quedaron en manos de la comuna para venderlos. Quedó pendiente de entregar 1,704 títulos de propiedad, según consta en el documento de rescisión que hasta el 18 de diciembre de 2018 no había sido aprobado.

Se intentó consultar al exalcalde Luis Grijalva, pero no respondió.

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