El exregistrador del Segundo Registro de la Propiedad, Marco Arodi Zaso Pérez está vinculado a un caso de corrupción ocurrido en esa entidad, sin embargo, hasta ahora el sistema de justicia ha ido a su favor.

Investigación/La Prensa de Occidente

El pasado 10 de febrero, en el Juzgado de Primera Instancia se tenía previsto realizar una audiencia donde se conocerían por menores del caso de corrupción fraguado en el Segundo Registro de la Propiedad, pero la ausencia del fiscal a cargo del caso ocasionó su reprogramación.

Este proceso tiene que ver con una supuesta red de estafadores dirigida por el coronel César Montes, quien fue señalado del asesinato de soldados en Izabal en septiembre del año pasado, el cual involucra a abogados y notarios de Quetzaltenango. Las pesquisas determinan que son alrededor de 40 casos a nivel nacional.

Cómo da inicio

Este hecho comenzó en 2014, cuando María Dolores Barrios Ramírez se entera que una parte de su propiedad fue usurpada, por lo que, en 2015, promovió un amparo en contra del Segundo Registro de la Propiedad, por haber realizado varias desmembraciones sobre la finca 23,564, folio: 110, del libro 145, ubicada en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.

De acuerdo con el expediente judicial, la inscripción a nombre de terceros de la propiedad de Barrios Ramírez se realizó mediante dos contratos de compraventa en donde se comprobó la falsificación de su huella dactilar, realizada por Gerónimo de Gerónimo Simón Gerónimo, en el año 2013.

Los contratos de compraventa fueron elaborados por el notario Juventino Mérida Ávila. Posterior a ello, la Corte de Constitucionalidad (CC) concedió el amparo a favor de Barrios Ramírez y emitió la sentencia el 27 de enero de 2016. La ordenanza de la CC fue con efecto retroactivo, es decir que las inscripciones realizadas dos años antes del amparo debían quedar en suspenso, además estableció el juicio ordinario de nulidad para dejar sin efecto todas las escrituras públicas que se generaron a raíz de la acción ilegal de Gerónimo y del abogado Mérida Ávila.

“Mientras todo eso ocurría, mi representada, María Dolores Barrios Ramírez, falleció el 7 de octubre de 2016, sin embargo, los hijos, que son sus herederos, como consta ante el Organismo Judicial, continuaron con el proceso”, explicó Sara Trócoli, la abogada que lleva el caso.

De acuerdo con Trócoli, estando vigente el amparo, Gerónimo de Gerónimo Simón de Gerónimo realizó otra escritura de compraventa y el Segundo Registro de la Propiedad inscribió la propiedad, el 13 de octubre de 2017; la CC le ordenó al Segundo Registro de la Propiedad cancelar dicha inscripción y certificó lo conducente contra todas las personas responsables de la violación del amparo.

Despojo de propiedades

En 2018 se dio a conocer la posible existencia de una red dedicada al despojo de tierras; tras la denuncia de la familia Barrios Ramírez consideraron que el desmembramiento de su propiedad realizado de forma ilegal desde el Segundo Registro de la Propiedad, era una alerta para la población, aún así, el caso no avanzó.

Para ese entonces los afectados llevaban ya tres años de intentar recuperar parte de la finca Managua (de cinco caballerías en Malacatán, San Marcos), “el terreno apareció a nombre de otra persona, quien aparentemente se lo compró a María Dolores Barrios Ramírez; las escrituras son falsas, pero en el Segundo Registro de la Propiedad les dieron trámite, se basaron en una huella dactilar ilegible”, señaló Trócoli.

Pero al notar que el caso se encontraba estancado, de nuevo se presenta una denuncia, con fecha 2 de enero de 2019; los herederos de María Dolores Barrios Ramírez se presentan a la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango, donde señalan haber sido despojados de su propiedad por medio de escrituras falsas.

De acuerdo con la denuncia, a esta estructura que se dedica a la usurpación de tierras están vinculados los notarios Juventino Ávila y Vinicio Laínes (quien dicho sea de paso es padre del auxiliar fiscal Andrés Laínes, de la Fiscalía Distrito Quetzaltenango). Según el documento, este fiscal habría obtenido el número de finca, libro y folio de parte de José Ricardo Marwat, padre del agente fiscal José Ricardo López Crocker.

En la denuncia se le pidió a la fiscal distrital Elka Huitz que el expediente fuera trasladado a otra fiscalía para evitar conflicto de intereses; el caso quedó en manos de la auxiliar fiscal Martha Luisa Rivas. Posterior a ello, se emitió una ordenanza judicial que determinaba acciones penales en contra del exregistrador Marco Arodi Zaso y el personal involucrado, mas solo se cumplió con la persecución penal en contra del operador.

Las referencias de la inscripción de la finca, realizada el 16 de septiembre de 2016, dan cuenta de la violación al amparo que estableció la Corte de Constitucionalidad; el operador de dicha inscripción es Francisco Chojolán Sam.

El caso llegó a la Fiscalía de Delitos Administrativos, donde recientemente se dio a conocer que los auxiliares fiscales a cargo de la investigación pretenden imputarle cargos por el delito de desobediencia únicamente a Chojolán Sam, operador del registro.

Este hecho tiene que ver con una supuesta red dirigida por César Montes, señalado del asesinato de soldados en Izabal en septiembre de 2019.

Fiscal no llega a la audiencia

Situación que motivó a la represente legal de la familia Barrios Ramírez a pedir información, el 7 de febrero recién, la cual le fue denegada; el pasado lunes 10 la audiencia que se tenía programada fue suspendida porque el fiscal a cargo del caso se excusó.

“Ese criterio no es compartido tanto por esta representación como por la propia fiscal distrital Elka Huitz, quien en varias oportunidades ha ordenado que sea la persecución penal en contra del exregistrador Marco Arodi Zaso; el registrador auxiliar Manuel de Jesús Bolaños; Francisco Chojolán Sam, operador, y el señor Gerónimo de Gerónimo Simón Gerónimo, quien figura como vendedor, que a sabiendas de la sentencia de amparo es quien materializa el incumplimiento de la sentencia”, señaló Trócoli.

Marco Arodi Zaso es responsable de la violación de la sentencia de amparo de acuerdo al artículo 1127 del Código Civil, párrafo segundo, donde dice: “son los registradores quienes harán toda inscripción, anotación o cancelación, dentro del término de ocho días, contado desde la fecha de recepción del documento”.

Lo que significa que, si bien es cierto el registrador auxiliar y el operador cooperan para llevar a cabo las inscripciones, es el registrador de la propiedad quien conforme a la ley lo hace; eso demuestra que existe abuso de autoridad por parte de las autoridades del Registro de la Propiedad e incumplimiento de deberes conforme el Código Penal.

Ante el atraso que se ha generado desde la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y los posibles vínculos de empleados de este ente investigador para favorecer a los señalados, la representante legal de la familia denunciante ha pedido que sea la Fiscalía Especial contra la Impunidad la que lleve el caso.

En la audiencia del 21 de febrero, se le ordenó a la fiscalía permitirle el acceso al expediente a la querellante adhesiva y que se solicite a la Fiscal General la investigación a los particulares que participaron en la violación del amparo, es decir que se ordena la investigación en contra de Arody Zaso como ex registrador.

En la audiencia del 21 de febrero, se le ordenó a la fiscalía permitirle el acceso al expediente a la querellante adhesiva y la investigación a los particulares que participaron en la violación del amparo.

Compartir