Entre el 2017 y 2019, la entidad mercantil que opera los supermercados conocidos como La Barata registró millonarias ventas, sin embargo, no pagó un solo centavo de impuestos.

José Racancoj/La Prensa de Occidente

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó este lunes un caso de una millonaria evasión de impuestos, cuyas investigaciones iniciaron luego de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó una denuncia.

Los señalamientos son en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial «La Barata» por la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario y que han afectado la economía nacional y las posibilidades de desarrollo del país.

De acuerdo con la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central de la Superintendencia de la Administración Tributaria, entre 2017 y 2019, el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de Q.427,330,530.70, provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.

Sin embargo, al observar los reportes de pago de impuestos, el mismo asciende a cero quetzales, en lo que respecta a las ventas que se han realizado mediante la utilización de tarjeta de crédito como medio de pago. Así, la defraudación al fisco asciende un monto estimado de Q.150,420,347.07 (Q.43,587,714.39 de Impuesto al Valor Agregado y Q.106,832,632.68 de Impuesto Sobre la Renta).

«Esto, independientemente de que la entidad se ha negado en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT, y no ha sido posible realizar auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría incrementar significativamente el monto de la defraudado, derivado de la naturaleza del negocio», señaló la Fiscalía.

 

Acciones tomadas por la FECI
El Ministerio Público explicó que se han tomado diversas acciones por este caso, entre ellas, se ha solicitado orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

También se requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios, se requirió autorización judicial para solicitar información a entidades bancarias, autorización para realizar diligencia de allanamiento, inspección y registro de bien inmueble, secuestro de evidencia (en formato físico o digital), autorización judicial para extracción de información en dispositivos electrónicos, así como autorización para entregar la información que se obtenga, a los personeros que designe la SAT, para continuar con la auditoría.

Además, a requerimiento de la SAT, el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.

«Los delitos de defraudación tributaria afectan seriamente las posibilidades de combate a la pobreza, desnutrición, falta de vivienda entre otras graves carencias que padece nuestra población», puntualizó la FECI.