Polémico juez busca magistratura

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En redes sociales el juez Mynor Moto promueve su imagen con el objetivo de que abogados y notarios voten a su favor y así obtener una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, este medio día estará en Quetzaltenango por invitación del Colegio de Abogados y Notarios de Xela.

Mirna Alvarado/LaPrensadeOccidente

Moto tiene 11 años de ser juez y el pasado viernes 10 de julio acaparó la atención de la opinión pública tras resolver no girar orden de arresto en contra del exministro de Comunicaciones a quien el Ministerio Público acusó de fraude en el caso del Libramiento de Chimaltenango.

El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción Stuardo Campo, explicó que la firma de Benito dió vida a la contratación de Renova, la empresa que construyó el Libramiento y obviamente es parte de la responsabilidad en las irregularidades de esa construcción, pero a pesar de las pruebas y la investigación en contra, el juez Moto decidió que este no debía ser arrestado en ese caso.

El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, de nuevo está en el centro de la polémica de la opinión pública. Esta vez por promover su imagen e intentar obtener el aval del gremio de profesionales del derecho para ser parte del máximo tribunal de Guatemala.

¿Quién es Mynor Moto?
Mynor Moto dirige el juzgado Tercero Penal desde hace once años es juez y muchos de sus fallos han despertado desconfianza ya que han favorecido a personas que tiene poder económico o político.

Este no es el primer intento por llegar a una magistratura, en 2019 aspiró a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, quedó eliminado al no cumplir con la nota mínima requerida para ser elegible en la nómina. Ha sido presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados y también integró el Consejo de la Carrera Judicial.

En 2017, la CSJ lo libró de una persecución penal. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de antejuicio por prevaricato y retardo de justicia en el caso “Bufete de la Impunidad”.

El prevaricato se contempla en el Código Penal para los jueces que dictan resoluciones contrarias a la ley o que estén fundamentadas en hechos falsos.

En octubre de 2019, el juez Moto protagonizó un vídeo que se viralizó en redes sociales debido a la frase con la que respondió a un grupo de personas que estaba siendo desalojada en la zona 18 y que le exigían la orden del juez. Moto respondió: “Yo soy la orden”.

Resoluciones más cuestionadas
1) El viernes 10 de julio resolvió falta de mérito en contra del exministro de Comunicaciones y no giró la orden de arresto, el ex funcionario Benito Morales fue señalado por el Ministerio Público en el caso de fraude por la construcción del Libramiento de Chimaltenango.

2) En enero de 2019 resolvió la falta de mérito a favor del diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, a quien el Ministerio Público pretendía iniciar proceso penal por delitos electorales.

3) En febrero de 2018 admitió un recurso del diputado Felipe Alejos, con el que el parlamentario del partido Todos detuvo el avance del antejuicio que el Ministerio Publico presentó en el caso “Traficantes de Influencias”.

4) En agosto de 2018 clausuró provisionalmente el caso en contra de la exdiputada Mirza Arreaga. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) la acusaron de tráfico de influencias al presionar al entonces ministro de Desarrollo, Edgar Rodríguez, para lograr plazas laborales. En este caso se presentó un video en el que la exdiputada presionaba a Rodríguez, como parte de los medios de prueba pero el juez no aceptó este material audiovisual.

5) En agosto de 2017 cerró el caso “Bufete de la Impunidad”. Este se relaciona a varias personas señaladas por el Ministerio Público de llegar a acuerdos con la jueza, ahora separada de sus funciones, Martha Sierra de Stalling, quien otorgó medidas sustitutivas a implicados en el caso “La Línea”.

6) Benefició al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, al enviarlo a juicio con delitos menos graves que los solicitados por el MP, en uno de los casos de corrupción.

7) Clausuró el expediente judicial a favor de los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz señalado por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.

Este martes el polémico juez sostendrá una reunión con los Abogados y Notarios de Quetzaltenango a quienes les presentará su plan de trabajo, la invitación fue girada por el colegio de Abogados y Notarios de Quetzaltenango (CANG), cuya presidenta es Tulhy Jacobs actual juez de asuntos municipales de la municipalidad de Quetzaltenango.

Actual junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Quetzaltenango (CANG)