El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dio a conocer que el operativo fue para obtener documentación que respalde algunos eventos públicos, los cuales están relacionados al caso de construcción de laboratorios, clínicas y aulas en el Cunoc de Quetzaltenango.

Mirna Alvarado/LaPrensadeOccidente

Esta mañana investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), desarrollaron un allanamiento en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El fiscal Sandoval aseguró que la investigación se deriva de supuestas anomalías en la construcción del edificio de laboratorios, clínicas y aulas en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) en Quetzaltenango y la adquisición de un terreno para el Centro Universitario Metropolitano.

Los allanamientos fueron de seguimiento a una denuncia presentada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —expulsada del país durante el gobierno de Jimmy Morales—. Los casos habrían ocurrido durante la gestión del rector, Estuardo Gálvez, quien ahora se postula para candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Del caso
Cabe mencionar que el 29 de agosto de 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó 11 casos, entre los que resaltó el denominado “Posible hecho de corrupción en la Usac (administración de Estuardo Gálvez)”.

Resulta que la Comisión señaló que Gálvez autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario (CSU) la elaboración de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos.

Según la Cicig, los procesos se desarrollaron bajo supuestas irregularidades como adjudicación de proyectos a empresas con la oferta menos favorable, presumibles sobrevaloraciones del costo, ejecución parcial y/o proyectos no terminados y modificaciones en los contratos administrativos.

De acuerdo con el informe, desde 2013 se solicitó formalmente la construcción del edificio de Ciencias de la Salud, el cual albergaría a las carreras de medicina y odontología, y fue por medio del NOG. 2990768, que, en 2014, se otorgó la obra a la compañía Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (Cocisa), por un monto de Q64 millones 120 mil 730.37.

De dicho contrato se generó un desembolso del 20 % por valor de Q11 millones 450 mil 130.42, mediante el cheque #093574 del Banco Rural, S.A. a favor de la empresa Cocisa, pero la obra no se ejecutó.

Una de las razones fue que la Contraloría General de Cuentas (CGC) detectó anomalías, las cuales presentó en su Informe del “Examen Especial de Fiscalización Preventiva de Adquisiciones Públicas”, luego de una auditoria llevada a cabo del 14 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2014.

Por eso, en 2015, los trabajos fueron suspendidos por no contar “con la autorización expresa” de la CGC, debido a que no se desvanecieron a su satisfacción los señalamientos de control interno que habían expresado.

Además del examen especial realizado, la CGC entabló en julio de 2015, una denuncia penal en contra de los exrectores Estuardo Gálvez y Carlos Alvarado, los miembros de la junta de licitación y la empresa Cocisa, por no haber devuelto el anticipo entregado.

Acciones legales

El 14 de julio de 2015, la Contraloría General de Cuentas presentó denuncia penal por fraude ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), expediente MP001-2015-66938. Sin embargo, al día de hoy no hay pronunciamiento por parte del ente investigador.
El 15 de octubre de 2015, se inició proceso de arbitraje en la Fundación CENAC #12-2015, sin que a la fecha el CSU se pronuncie al respecto.
El 4 de junio de 2018, delegados de la Oficina Jurídica de la Universidad de San Carlos, a petición del CSU formulan la denuncia penal MP001-2018-49773 contra los funcionarios que autorizaron el proyecto y que intervinieron en su adjudicación, contratación y pago.