“Convierten el presupuesto en una gran caja chica sin controles ni garantías de calidad del gasto”

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Alcaldes y empleados de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, aplaudieron y sonrieron cuando 80 diputados aprobaron las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

Los diputados y el presidente de ANAM, Miguel Ovalle, se saludan victoriosos ante la aprobación de las reformas que les permiten gastar sin controles el dinero público.

Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

Diputados del Congreso de la República aprobaron el Decreto 4-2021 que reforma la Ley de Contrataciones del Estado, con la que se dio vía libre a los alcaldes para utilizar los fondos públicos sin límite alguno.

Esta reforma fue presentada el año pasado a la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República de parte de la Asociación Nacional de Municipalidades, una de las propuestas que planteo el alcalde de Salcajá,  Miguel Ovalle, previo a convertirse en el presidente de dicha asociación.

“Estas reformas son sin duda una puerta abierta a la corrupción, le dieron la espalda al pueblo que necesita vacunas, trabajo y recursos para salir de la desnutrición”, comenta el analista Ronaldo Robles.

Lo anterior se debe a que ahora el Congreso, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Gobierno Central, entidades descentralizadas y autónomas como las municipalidades y sus empresas podrán realizar compras que no pasen de Q2 millones, anteriormente solo podían hasta Q900 mil.

“Con la aprobación del Decreto 4-2021 del Congreso de la República se demuestra la alianza entre los diferentes poderes del Estado para lograr mantener la corrupción; grupos que están en las municipalidades, en el Congreso y el Gobierno Central, tendrán libertad para realizar compras sin controles ni transparencia”, comentó Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana.

Acelerar procesos

Estas reformas también aceleran el plazo en las convocatorias que para licitar en Guatecompras, cuando el proyecto sea menos de 10 millones deberán presentar ofertas y recepción en 20 días hábiles y no en 40 como estaba anteriormente.

Los congresistas aprobaron que las inconformidades que se presentan en contra de las juntas de licitación, puedan presentarse dentro del plazo de 3 días y no en 5 como se contemplaba en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones.

Otra de las reformas se dio en las cotizaciones para las compras, las entidades podían realizarlas desde los montos de Q90 mil a Q900 mil, ahora, las municipalidades y entidades del Estado tienen vía libre para hacerlo desde Q200 mil hasta Q2 millones.

Para las adquisiciones por medio de cotización ahora tendrán 5 días hábiles para presentar y recepcionar oferta, anteriormente se daban 8 días, también se podrán realizar compras directas de baja cuantía con un monto que exceda de los Q100 mil, el artículo 43 modificado de la normativa es que solo podían hacerlo cuando el monto pasaba de Q25 mil.

Es decir que una vez tome vigencia el decreto las entidades del estado y municipalidades podrán hacer compras directas de Q100 mil hasta Q200 mil.

El último artículo reformado ayer por los diputados del Congreso es que podrán omitir contrato cuando la negociación no exceda de Q200 mil, las reformas entraran en vigencia después de que el decreto sea publicado en el diario oficial.

Caja chica sin control

Acción Ciudadana (AC) señaló en un comunicado de prensa que las nuevas reformas consienten la corrupción, es decir, que la legalizan; además de destinar los fondos públicos a un uso discrecional, se aparta de los principios de transparencia, calidad del gasto y probidad.

 “Convierten el presupuesto en una gran caja chica sin controles ni garantías de calidad del gasto”, señala Edie Cux de Acción Ciudadana.

También indica que se disminuyen las competencias y responsabilidades de las autoridades máximas de las entidades compradoras. Además de eliminar prohibiciones de controles y límites para contratistas. Para Acción Ciudadana esto permitirá acrecentar las vulnerabilidades de la población y seguir obligando a los guatemaltecos a migrar.

Para Ronaldo Robles, las reformas a ley posibilitará evadir controles y abrir ventanas para intereses propios y el pago de sobornos. Asimismos tiene una relación en la agilización de los procesos, porque son menos personas las que deben aprobar un contrato.

“Pareciera que las instituciones buscan un Estado de Emergencia permanente  y hacen una invitación al fraccionamiento que es una de las mayores anomalías  en las unidades ejecutoras”, agregó Barrientos.

Pretendían beneficiar a financistas

Durante la sesión se presentaron dos mociones privilegiadas para modificar el Artículo 80, inciso i, el cual prohíbe que representantes legales, directivos o gerentes que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública sean contratistas del Estado.

Sin embargo,  no obtuvieron los votos que necesitaban, una de las mociones permitía contratar a financistas de partidos políticos que hubieran aportado cifras menores a los Q360 mil anuales y así como a quienes prestaron un servicio técnico o profesional.

La carcajada de la ANAM

En el momento en que se realizó la aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones,  los alcaldes presentes y personal ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, celebraron, con sonrisas y aplausos.

El último de izquierda a derecha, Marvin de León, ex candidato a alcalde por la UCN, partido de Mario Estrada, condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, quien labora para ANAM actualmente, se nota efusivo ante la aprobación de las reformas a la ley.

En sus redes sociales el presidente de la ANAM y alcalde de Salcajá agradeció el apoyo del presidente Alejandro Giammattei, por el apoyo que la bancada Vamos le dio a la iniciativa de reforma.

Ovalle fue consultado por el sitio de noticias Ojo con mi pisto, a quien aseguró que hasta diciembre de 2015 no existía la compra de baja cuantía y que el Congreso lo implementó en 2016, lo que a su criterio no funcionó.

“La compra directa lo que permitía era una oferta electrónica, pero sacaba de competencia a los negocios locales porque en los departamentos no están acostumbrados a usar los mecanismos electrónicos para vender insumos”, refirió.

Ovalle indicó no es necesario implementar un mecanismo que controle que empresas especializadas en otros servicios entren a concursar en proyectos que se habiliten, es decir que no habrá garantía de que la empresa que vende libros opte por ofrecer cemento, en ese aspecto Ovalle señaló; “Se debe entender que si uno va a comprar a una carnicería va a comprar carne, no botas, lo que he dicho en diferentes ocasiones es que el que es mañoso es mañoso”.

El presidente de la ANAM refiere que esta es una oportunidad para que las municipalidades demuestren que pueden hacer buen uso de los recursos, además de ser agiles en las inversiones, que es una de las intenciones principales de la reforma.

“Con esta reforma tenemos la oportunidad para taparle la boca a aquellos que nos han tachado de corruptos, lo demostraremos con hechos y no con palabras”, acotó.

¿Quién es Ovalle?

Rolando Miguel Ovalle Barrios, de 53 años, comenzó su carrera política en 1995 en las filas del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Fue concejal en el período 1996 – 2000, pero renunció al cargo.

Fue electo alcalde (2004 – 2008) por primera vez en los comicios de 2003 de la mano de la Gran Alianza Nacional (Gana) conformada por los partidos, Movimiento Reformador, Partido Solidaridad Nacional y Partido Patriota.

Ovalle Barrios, en el 2008, buscó reelegirse con la Gana, pero perdió.

En el 2011 logró su reelección (2012 – 2015) con el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo). En 2015, con el mismo partido fue reelecto por segunda vez (2016 – 2019) y el año pasado ganó su tercera reelección (2020 – 2024) con lo que sumará 16 años en el cargo.

Antejuicios

En los 12 años de administración municipal Miguel Ovalle ha enfrentado varios antejuicios por abuso de autoridad, tráfico de influencias, supuestos actos de corrupción, y  otros delitos.

La Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango en todos los casos que ha conocido en su contra ha resuelto que debe conservar su inmunidad.

En 2017 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lo denunció por supuestamente incumplir con la Ley de Acceso a la Información; en 2018, vecinos denunciaron a Ovalle por abuso de autoridad por un cobro de Q200 para el mejoramiento de una calle.

Sancionado

En 2018, la Contraloría General de Cuentas (CGC) multó al jefe edil por Q145 mil 656 por no haber efectuado un convenio con el Ministerio de Salud para el pago del salario de los médicos del Centro Salud, la multa quedó en Q45 mil.

Otras multas que pagó Ovalle Barrios fueron por la falta de transparencia en los gastos para divulgación de la comuna, Q2 mil 279; por incumplir la normativa para el arrendamiento del centro de convenciones de Salcajá, Q4 mil 94; por deficiencias en los registros contables, Q2 mil 279