Juan Francisco Sandoval abandonó el país por motivos de seguridad tras la decisión en su contra. Para la Iglesia es un claro retroceso en el poder judicial y en la persecución de los delitos.

Alina Tufani – Noticias del Vaticano -Traducción del portugués.

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) condenó con vehemencia la renuncia del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, garante de la justicia y la democracia, y se sumó al clamor e indignación de quienes protestaban contra una decisión, lo definen como «ilegal y arbitrario». En una nota, los obispos advierten que «nada es más peligroso para la institucionalidad del país que las mafias arraigadas» en las instituciones estatales.

Se consolida el régimen de impunidad

“Quienes se alegran de la indigencia se sienten seguros y cómodos cuando se consolida el régimen de impunidad”, denuncia el documento firmado por el presidente del episcopado guatemalteco, arzobispo Gonzalo de Villa y Vásquez de la ciudad de Guatemala, y el secretario general, monseñor Antonio Calderón Cruz, obispo de Jutiapa.

 

La destitución de Sandoval por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, el pasado viernes (23/07), llevó al exfiscal anticorrupción a salir del país por motivos de seguridad, pues existe temor a un procesamiento judicial por sus investigaciones. De hecho, horas antes de su salida, en rueda de prensa, Sandoval denunció que el Fiscal General Porras había suspendido varias investigaciones que involucraban a miembros del gobierno del presidente, Alejandro Giammattei.

Graves deficiencias en el poder judicial

El Episcopado recuerda en su nota que la Fiscalía es el órgano del Estado encargado de investigar y perseguir los delitos cometidos y que solo una justicia rápida e imparcial puede garantizar la libertad y la democracia.

“Todo el mundo sabe que el proceso de administración de justicia en Guatemala tiene serias deficiencias”, dijo el comunicado de los obispos. Sin embargo, reconocen que en los últimos años se ha podido investigar hechos que anteriormente gozaban de total impunidad, «generando esperanza» entre los ciudadanos.

Daños irreparables al país

“Según profesionales en Derecho y líderes de opinión, la destitución repentina del fiscal Sandoval fue ilegal y arbitraria. Aceptamos el clamor de la ciudadanía, reconociendo que este hecho significa un claro retroceso en la lucha por una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad, tan dañinas para el desarrollo integral del país ”, subraya el comunicado.

Los obispos guatemaltecos señalan que la «destitución abrupta del fiscal Juan Francisco Sandoval ha causado un daño irreparable al país», no solo porque bloquea la resolución de importantes casos de corrupción aún en curso, sino también porque se ha vuelto a perder la credibilidad del fiscal.

Aumentará la indignación y las protestas

“La indignación ciudadana aumentará, las protestas sociales y el nivel de conflicto se incrementará, la mala gestión de la pandemia y el tortuoso proceso de vacunación será aún más complicado”, pronostica el comunicado del CEG.

Ante este panorama, el episcopado insta a quienes trabajan en el campo de la justicia a comprometerse con la búsqueda de la justicia, a la construcción de la paz como un bien superior, a tener la valentía de reconocer sus errores y a no perder de vista el bien común como la máxima expresión del sentido del Estado guatemalteco.

Condena de la comunidad internacional

Desde la renuncia del fiscal anticorrupción, los guatemaltecos han salido a las calles a protestar y convocar a un paro nacional. Varias organizaciones piden la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la procuradora general Consuelo Porras. Mientras tanto, varios organismos internacionales han expresado su rechazo a una decisión que debilita la lucha contra la corrupción y fomenta la impunidad.

Según información de la Defensoría del Pueblo, el exfiscal Sandoval cruzó el sábado la frontera terrestre hacia El Salvador. El funcionario de 38 años fue un baluarte en la lucha contra la corrupción en Guatemala, especialmente entre 2014 y 2019, junto a la ex fiscal general Thelma Aldana y el abogado Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las investigaciones de estos tres profesionales del derecho revelaron decenas de casos de corrupción estatal, involucrando hasta 200 personas, entre ministros, funcionarios, empresarios y políticos. Actualmente, Sandoval estaba realizando investigaciones para descubrir casos de corrupción dentro del actual gobierno.