Las consecuencias para Guatemala de un Fiscal General en la lista negra del gobierno de EE.UU.

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Analistas consideran que la inclusión de la Fiscal General del Ministerio Público Consuelo Porras y su secretario General, Ángel Pineda, en la lista de funcionarios corruptos de Latinoamérica se traduce a una sanción moral más no legal, puede traer repercusiones graves para Guatemala, tomando en cuenta que Estados Unidos es el máximo socio del país. 

Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente

Edie Cux de Acción Ciudadana señala que la amonestación solo confirma el alto grado de corrupción que se vive en el país y de alguna forma tiene consecuencias tanto en lo interno como en lo externo.

“Existen repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, el hecho de que una figura como la de la Fiscal General ya no tiene legitimidad y credibilidad repercutiría no solo en los casos de corrupción sino en los delitos comunes que van en aumento precisamente por la falta de autoridad y debilidad de quien dirige el MP (Ministerio Público) que a su vez ha socavado la credibilidad de la institución”, detalló Cux.

De acuerdo con el analista en las últimas semanas, se ha visto un incremento en los índices de delitos comunes como las extorsiones, asesinatos, robos y otros, lo que ahora podría continuar subiendo como efecto de los señalamientos de Estados Unidos. “Nunca en la historia de Guatemala se había incluido en esta lista de corruptos a un funcionario de esta calidad estando en el cargo”, aseguró.

Según Transparencia Internacional, Guatemala es el cuarto país más corrupto de Latinoamérica, sumándole el cuestionamiento del Departamento de Estados Unidos,  las inversiones internacionales pueden bajar. “La relación con Estados Unidos se ve entredicho siendo el socio comercial más grande, no solo por el señalamiento hacia la Fiscal y su secretario general sino porque el Presidente salió a defenderla”, resaltó.

“Lo delicado de este tema es que la amonestación de Estados Unidos es dirigida a una funcionaria de alto rango, anteriormente la lista Engel se incluyó a diputados y exfuncionarios electos popularmente, en este caso se supone que la jefa del MP es nombrada tras un riguroso proceso y obviamente debería tener independencia”, indicó Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Cabe mencionar que Estados Unidos tiene vínculos fuertes con Guatemala debido al constante flujo migratorio, que en buena parte se debe a la falta de oportunidades como un efecto de la corrupción y la debilidad en materia de seguridad que a su vez permite el trasiego de drogas que puede generar un efecto dominó por la percepción de que nuestro país es una nación infestada de corrupción.

La sanción que hace el Departamento de Estados a criterio de Ortiz tiene consecuencias negativas para Guatemala. “Sin duda son malas noticias para el país porque se trata de alguien cuya función es la persecución penal,  cuando la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en el país se planteó la posibilidad de conformar la Fuerza de Tarea Alpha, ahora la pregunta es si después de un señalamiento de este tipo Estados Unidos va a mantener la misma cooperación”, puntualizó Ortiz.

Ambos analistas concuerdan en que lo más sano para Guatemala debe ser la renuncia de la Fiscal General, sin embargo, hasta ahora la funcionaria ha sido respaldada por el presidente Alejandro Giammattei, el presidente del Congreso Allan Rodríguez y otros funcionarios allegados al gobernante, lo cual podría causar una sanción más severa de parte de Estados Unidos.

“El panorama diplomático continúa, pero el enfrentamiento podría agudizarse tras la reacción del presidente, se ha dicho que esto debiese hacer renunciar a la Fiscal General y se pone de ejemplo a funcionarios europeos y otros que por señalamientos y acusaciones judiciales han renunciado, pero en esos casos la acusación se ha generado en lo interno de sus propios países y no de un tercero”, comentó el abogado constitucionalista Allan Estrada.

De acuerdo con Estrada, la renuncia devendría como un acto de remordimiento mas no como consecuencia de la inclusión en una lista y es que desde el despido del exfiscal Juan Francisco Sandoval, de la FECI, Porras perdió la confianza de los EE. UU. prueba de ello es que días después de esa remoción la Embajada anunció que suspendería temporalmente la cooperación con el MP.

Desde entonces, varios grupos de manifestantes en diferentes partes del país y en redes sociales han pedido la renuncia de Porras. “Cabe hacer mención que en 2016 hubo una modificación de la Ley del Ministerio Público, en tiempos de Thelma Aldana, ese cambio permite un blindaje al Fiscal General de ser -removido antojadizamente por el Presidente”-.

“Tomando en cuenta ese aspecto, la destitución de Porras es un tanto imposible y para solo apartarla del cargo temporalmente, se hace necesario retirarle la inmunidad, además debe existir auto de procesamiento; esto no es imposible, pero sí es muy difícil que suceda porque es el Congreso quien debe conocer el antejuicio y por lo que se ve, los diputados afines al gobierno la respaldan”, refirió Estrada.

Pero ante la poca o nula reacción que ha tenido Guatemala para combatir la corrupción, Estados Unidos podría iniciar otro tipo de acciones que desatarán una reacción en cadena entre los demás cooperantes, ya “tenemos el ejemplo, cuando  Francisco Sandoval fue destituido, se dieron pronunciamientos no solo de Estados Unidos, sino de países que conforman la Unión Europea”, mencionó Edgar Ortiz de la Fundación Libertad y Desarrollo.

MP sin legitimidad

Desde hace algunos meses, la Fiscal General del Ministerio Público se ha visto empañada por la falta de legitimidad luego de que sus logros académicos quedaran en entre dicho, pues también se le señala de haber falsificado su tesis de doctorado.

“Se ha cuestionado su capacidad, que tipo de autoridad puede tener ella, si realmente no se tiene certeza de su conocimiento y capacidad de dirigir el Ministerio Público porque hasta ahora sus créditos académicos no son certeros”, explica Edie Cux.

Acciones legales

El Colectivo de Profesionales de Quetzaltenango fue uno de los primeros grupos en manifestar su rechazo al actuar de la Fiscal General, Consuelo Porras, a quien se le han pedido su renuncia junto al Presidente.

“Estados Unidos viene a confirmar lo que como ciudadanos ya sabemos, que la corrupción está incrustada en la mayoría de dependencias del Estado para cubrirse entre ellos mismos (el pacto de corruptos)”, dice Óscar Boj, representante de dicho colectivo, el cual recaudó miles de firmas recientemente y que fueron presentadas ante el Organismo Judicial y al mismo Ministerio Público, pero hasta ahora el proceso no ha progreso, agregó Boj.

Sin embargo, la recaudación de firmas continúa y no descarta la posibilidad de movilizaciones, tanto en el departamento de Quetzaltenango como en otras ciudades, así como de implementar más acciones legales.

Del mismo modo, Acción Ciudadana analiza la Ley Orgánica del Ministerio Público y tampoco descarta la posibilidad de una acción penal en contra de la Fiscal General y del Presidente por defender o encubrir los señalamientos realizados por el Departamento de Estados Unidos.

Pacto de corruptos en evidencia

Varios funcionarios incluido el presidente Giammattei han salido a la defensa de Consuelo Porras, sin tomar en cuenta las repercusiones internacionales que pueden traer con sus declaraciones; sin embargo, es una prueba más del pacto que tienen entre sí para protegerse mutuamente, manifestó Nohemí Racancoj de la Red de Mujeres Indígenas (REDMISAR).

“Porras les limpia el camino con la destitución de fiscales claves por ejemplo, Francisco Sandoval, desaparece expedientes en contra de diputados, jueces, magistrados y hasta del mismo Presidente o simplemente no les da seguimiento a las denuncias con tal de mantenerlos limpios y protegidos y como recompensa ellos salen a defenderla”, refiere Racancoj.

“El mensaje que nos da es que no existe justicia para los delincuentes de cuello blanco o los poderosos, solo para los pobres, para los que no tienen recursos para pagar abogados o comprar voluntades de funcionarios y Estados Unidos confirma el alto grado de corrupción a la que ha llegado el país y nos vuelve a recordar que Guatemala es un país con mucha riqueza donde sobran ladrones”, enfatizó.

“El presidente atacó públicamente a Sandoval. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken, expresaron su alarma ante los esfuerzos por socavar la labor de la unidad anticorrupción, pero la presión no funcionó”

Natalie Kitroeff /New York Times

Sin efectos interno

El abogado Julio Rivera Clavería indicó que la sanción estadounidense es moral más no legal, lo que trae únicamente consecuencias políticas y económicas, pero es un mensaje de que se debe implementar un mecanismo para lograr que el sistema de justicia se desligue del sistema político y así obtener la tan llamada independencia judicial.

“Guatemala tiene graves problemas con su sistema de justicia debido a la politización a la que ha sido sometido, lo que le está provocando un daño bastante grave, hay que entender que el señalamiento de Estados Unidos es parte de las nuevas estrategias para controlar la corrupción en los países socios”, afirmó Rivera.

¿Qué puede pasar?

Los analistas Cux, Ortiz y Estrada explican que hay dos escenarios, el primero: asumiendo que la funcionaria renunciara a raíz de esta amonestación, el Presidente debe escoger quién debe terminar el período constitucional del Fiscal General. Debe elegir entre los cinco candidatos restantes de la lista elaborada por la Comisión de Postulación en la que estuvo Porras.

Este escenario, pondría en una situación muy incómoda al presidente Giammattei, que tendría que escoger entre Brenda Dery Muñoz Sánchez, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Edgar Estuardo Melchor Solórzano, todos ellos se han manifestado a favor de CICIG o en algún momento trabajaron con o en esa instancia, y como es sabido, el mandatario se ha manifestado en contra de la extinta comisión.

El segundo, y es lo más probable que Giammattei permita es que la Fiscal General continúe en el puesto hasta finalizar su período y durante estos meses la relación con los Estados Unidos será poca o nula y eso, en todo caso, no beneficia a la justicia y mucho menos a los guatemaltecos.

Se compró un pleito

Respecto a la reacción del mandatario, Edgar Ortiz señala que no tendría que tener este tipo de arrebatos ante una decisión que tiene fundamento jurídico y de hecho para los Estados Unidos, país que prácticamente está sosteniendo el proceso de vacunación de Guatemala, por lo que las acciones de Giammattei deberían tener una mayor cordura.

“A Estados Unidos le debemos prácticamente que en Guatemala exista vacunación y siendo razonable, el presidente, en estos momentos no debería confrontar la decisión de un alto funcionario de los Estados Unidos, porque viene de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, que podría costarnos mucho a los guatemaltecos”, concluyó Ortiz.

Para Magnolia Velásquez, presidenta del Grupo Gestor en Quetzaltenango, el tema es sumamente delicado porque habrá consecuencias graves para la economía del país que con la pandemia se ha visto seriamente afectada.

“Es lamentable porque muchas industrias o incluso turistas toman en cuenta este tipo de mediciones y señalamientos antes de hacer una inversión o venir a nuestro país y afecta mucho porque económicamente no estamos en nuestro mejor momento”, indicó Velásquez.

Vice President Kamala Harris speaks during a meeting with Guatemalan justice sector leaders, in the Vice President’s Ceremonial Office at the Eisenhower Executive Office Building on the White House complex, Wednesday, May 19, 2021. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)