El área consta de aproximadamente 2.4 hectáreas. En la administración de Álvaro Colom se quiso usar para un comedor solidario y en el gobierno de Otto Pérez Molina para instalar una academia de Policía, ahora la municipalidad lo quiere.

 Mirna Alvarado/La Prensa de occidente

Una propiedad con la extensión del Centro Intercultural de Quetzaltenango (CIQ) se cotiza en el mercado inmobiliario entre los Q200 y Q250 millones, pero su valor es incalculable por ser Patrimonio Cultural y representa parte fundamental de la historia del país. Aunque ahora languidece por el desinterés de autoridades gubernamentales, municipales y entidades que funcionan en ese inmueble y que promueven la cultura, el arte y el deporte.

A la fecha, los intereses particulares, la apatía de los quetzaltecos que no piden rendición de cuentas y la satisfacción de egos personales no han permitido mejoras en la infraestructura y menos en cumplir con los objetivos para los que fue creado.

Un ejemplo claro es el reciente desalojo de la organización Sacándole Brillo a Xela (SBX) de las instalaciones del CIQ, que dejó al desnudo el descontento y los problemas legales del Grupo Gestor, una de las organizaciones civiles que conforman el Consejo del Centro de Desarrollo Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (Cideq), con el actual presidente de la junta directiva que administra el lugar, Armando Castillo Gandini.

“No nos representa”

Resulta que Armando Castillo fue nombrado como representante del Grupo Gestor ante el Cideq en una asamblea general, meses después los representantes de otras organizaciones que conforman dicho consejo, votaron a favor de que Castillo se convirtiera en presidente y representante legal de la junta directiva del Cideq. Sin embargo, según un comunicado, tiempo después de su nombramiento, comenzó a tomar decisiones a nombre del Grupo Gestor que no fueron consultadas. Eso motivó al Grupo Gestor a realizar una asamblea extraordinaria en la que se planteó la posible remoción de Castillo Gandini como representante de esta organización ante el Cideq, que fue avalada por mayoría y se le notificó en diciembre 2021. No obstante, en abril de 2022, Castillo Gandini planteó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la junta directiva del Grupo Gestor.

“La denuncia fue porque mis derechos fueron violentados, pues hasta hoy 25 de mayo no tengo ninguna respuesta del alegato, así que no sé con exactitud cuales fueron los incumplimientos en los que incurrí según el Grupo Gestor, no entiendo por qué me quieren dejar sin la representación de esa organización ante el Cideq, indicó Castillo.

Pero a pesar de que Castillo Gandini ha sido desconocido por el Grupo Gestor, continua como presidente del Consejo del Cideq. La razón es que tiene el apoyo de otras organizaciones que conforman el Cideq, ya que “me apoya la municipalidad y la Mesa de concertación”, refirió.

Notificacion de GGQ sobre Gandini

Qué es el Cideq

La Asociación Consejo de Desarrollo Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango es una asociación civil sin fines de lucro, conformada por un representante del Concejo Municipal en funciones, de la Gobernación Departamental, Red Nacional de Grupos Gestores, filial Quetzaltenango; Mesa Económica de Quetzaltenango, Confederación Deportiva y Autónoma de Guatemala (CONFEDE) y la Mesa de concertación, entidad de sociedad civil que actualmente aglutina el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango.

Tras el ingreso de Donald Urízar como representante del Colectivo Ciudadano a la Mesa de concertación, se comenzaron a dar varios roces con Aldo Herrera, director de Sacándole Brillo a Xela (SBX), dicha organización realizó cambios en la fachada del segundo nivel del CI, situación que muchos dijeron iba en contra de las directrices de la Oficina del Centro Histórico, no obstante SBX contó con el aval de la Oficina del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes.

Copia de documento que avala a Sacándole Brillo a Xela que autoriza la intervención.
Mesa de Concertación sin personería jurídica, a la cual representa Donald Urízar.

En una reunión de junio de 2018, Urízar explicó que la concesión del museo y la del Ferrocarril a la asociación SBX no fue del todo legal, pues se consideró que la municipalidad incurrió en un delito al asumir una responsabilidad unilateral sin consultar a la junta directiva del Cideq para entregar el museo a una asociación particular, pues fue el Concejo Municipal de esa época a través de un acuerdo, otorgó las instalaciones a SBX.

Luego de hacer las debidas aclaraciones, dicha asociación continuó con sus funciones, hasta mayo de 2021 cuando surgió un confuso incidente entre la directiva del Cideq y SBX.

Resulta que SBX recibió un oficio firmado por Berenice Citá, directora ejecutiva del Cideq, donde se le informó a Aldo Herrera, quien también administraba la biblioteca pública de Quetzaltenango ubicada en el Centro Intercultural, que debían entregar las instalaciones el 28 de mayo de 2021.

Ese conflicto culminó en una demanda de parte de la directora del Cideq en contra de Aldo Herrera; sin embargo, en enero de este año el caso fue desestimado por el juez Édgar Alberto de León Estrada del juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos de Femicicio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Quetzaltenango.

El documento de la denuncia desestimada.

Durante el reciente desalojo de SBX, Donald Urízar manifestó que Aldo Herrera no contaba con el aval respectivo por lo que se encontraba utilizando las oficinas de manera ilegal, pues el acuerdo con el que se mantenía en ese recinto era solo un acuerdo municipal, pero es el consejo del Cideq quien avala qué entidades pueden funcionar en esas instalaciones.

“La revocatoria de la estadía de esta organización en este espacio vino desde que don Roberto Gutiérrez era presidente del Consejo. No es un problema de ahora, ellos no contribuyeron a la concordia”, refirió Urízar.

Centro Intercultural (CI )

La casualidad de las casualidades

El desalojo se dio un día después que el Concejo Municipal decidiera aprobar en sesión ordinaria la revocatoria del usufructo de 50 años que le fue otorgado a Cideq para administrar el Centro Intercultural.

Ante ello, directivos del Grupo Gestor de Quetzaltenango informaron que el 30 de mayo pasado se presentó ante la comuna un recurso de reposición en contra del punto de acta del Concejo que busca revocar el usufructo.

André Guillén, asesor legal del Grupo Gestor, explicó que el recurso planteado va en contra de los cinco puntos que argumentó el Concejo para revocar el usufructo. Entre estos, el incumplimiento de darle mantenimiento al edificio.

Guillén señaló que el plazo de 50 años no es ilegal y añadió que el usufructo cobró vida mediante un acuerdo gubernativo, “porque es un inmueble nacional entregado a la Municipalidad a través del manejo del Cideq y que de igual forma debe existir un acuerdo gubernativo para que sea propiedad de la municipalidad”.

Sin planes ni proyectos claros

Hasta ahora la municipalidad no ha dado a conocer ningún plan para administrar las instalaciones, pero se rumora que la intención es usarlo como Salón de Exposiciones por la feria de independencia. En opinión del urbanista Marco Chávez, es la muestra de la falta de estrategias y planes específicos para el uso de bienes municipales.

“Así como el tema del zoológico cuando se quería construir el parque bicentenario, se debe tener un plan maestro. Pasa lo mismo con el Intercultural debe existir un instrumento para definir ese uso y visión. En este caso un máster plan para el intercultural. Nosotros propusimos uno en 2015 con el apoyo del BID”, aseguró.

En relación a poder convertirlo en una terminal de buses, Chávez señaló que no es posible porque los buses extraurbanos no pueden ingresar a la zona urbana de Xela, “la lógica de las terminales es que deben ir a la periferia de la ciudad. Por ejemplo, el campo de la feria (Cefemerq) sí puede servir para una terminal”.

Marvin García, gestor cultural, explicó que en principio se debe reconocer que el espacio representa uno de los capítulos más dolorosos para la población y hasta que no se reconozca, ese lugar no podrá cobrar vida. “Parece que esa huella oscura que tiene ese espacio en sus ruinas no permite que los intereses de la sociedad civil para hacerlo florecer avancen”.

García agregó que la revocatoria del usufructo de parte de la municipalidad es parte del sistema patriarcal, hegemónico, ladino que está buscando por todas las formas ocupar territorios. “Nos muestra como la disputa de espacios para el fomento del pensamiento para otros usos, son una forma de manifestar autoridad”, aseguró.

“Se prevé privatización del espacio público, a consecuencia de que las entidades que lo han administrado no han tenido la visión para utilizarlo de acuerdo a los objetivos establecidos, la alianza entre sectores de sociedad civil para administrar estos espacios no ha sido exitosa, como sí ocurre en la ciudad capital con el edificio del antiguo correo”, refirió García.

Revocatoria de usufructo

Entre los aspectos que consideró el Concejo Municipal para la revocatoria del usufructo a la Cideq, es que no ha cumplido con las renovaciones requeridas, además de haber inclumplido con los pagos de los servicios como electricidad, agua y otros.

También aducen que el contrato de usufructo fue por 55 años cuando la ley establece que los bienes del Estado solo pueden darse en esa modalidad por 50. “El argumento es porque el primer usufructo otorgado por el exalcalde Jorge Barrientos fue de 10 años, a los 5 años se amplió a 50, los primeros cinco años no fueron considerados porque se dedicaron al proceso de transición”, explicó André Guillén, representante legal del Grupo Gestor.

“Nosotros tenemos a la vista el acuerdo gubernativo, los contratos de usufructo y a todas luces observamos que hay una falta de parte de la municipalidad en la revocatoria, por eso fue que interpusimos el recurso de reposición”, agregó.

El abogado Carlos Martínez Ríos, analista legal, indicó que el acta de revocatoria es unilateral e ilegal, pues para hacer valer el retiro de la propiedad al Cideq, se debe hacer por medio de un acuerdo gubernativo; “así ambas partes deben hacer una escritura por un lado de renuncia al usufructo y por el otro lado de recepción de propiedad”.

“Ahora que el Grupo Gestor impuso el recurso de reposición lo que sigue es que un juez conozca el caso y la municipalidad, al haber revocado unilateralmente, se arriesga a una demanda por daños y perjuicios de parte de las organizaciones civiles que conforman el Cideq”, agregó Martínez.

Castillo ocupa el puesto ilegalmente

El profesional del derecho también se refirió a la ilegalidad con la que actúa Armando Castillo Gandini, actual presidente de la junta directiva del Cideq, pues al haber sido desconocido por la organización que lo postuló incurre en usurpación de funciones, al igual que el vicepresidente Donal Urízar, quien representa a otra entidad que no cuenta con personería jurídica.

“En ese aspecto, la Asociación Sacándole Brillo a Xela puede denunciar y pedir que se le repare en daños y perjuicios; toda vez, quienes actuaron en el desahucio no cuenten con respaldo legal”, afirmó Martínez.

¿Qué se debe hacer para mejorar el Cideq?

El urbanista Marco Chávez insiste en que la renovación del Intercultural debe darse por fases, priorizando los edificios con valor patrimonial; los hangares principales, luego espacios públicos y áreas verdes.

Las propuestas deben venir desde las organizaciones culturales en todos sus aspectos, señaló el artista Marvin García, “creo que debe ser siempre iniciativas desde la sociedad civil junto a expertos en el tema de recuperación de espacios y gestión cultural y muy importante: tomar en cuenta que sea un espacio para la conservación de la memoria histórica”, puntualizó.

Cideq no rinde cuentas

El CIQ tiene capacidad para albergar a 250 vehículos, la administración cobra Q10 por hora de parqueo. Además, cobra el arrendamiento de un local que es utilizado como restaurante, se desconoce la cantidad de dinero que aporta.

“El dinero que se recauda por arrendamiento y parqueo es lo que utilizamos en el mantenimiento del lugar, pero no es suficiente”, indicó Donald Urízar. No precisó la cifra, pero argumentó que esos datos se dan a conocer en el informe que periódicamente se le presenta a las organizaciones que conforman el Cideq.