El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la “Lista Engel”, en la que se incluyen actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala. Entre ellos esta el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.

José Racancoj/La Prensa de Occidente
Aunque en días anteriores ya se habían dado a conocer varios nombres de personas que integrarían la Lista Engel 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. lo oficializó este miércoles.

Entre los guatemaltecos que integran la lista está el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la diputada de la UCN, Sofía Hernández; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana y Nery Medina, y el juez Víctor Cruz.

El “Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos” incluye a personas extranjeras, tanto funcionarios, exfuncionarios y empresarios, que han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, o actos de corrupción.

Además de personas de Guatemala, la lista dada a conocer este día incluye a otras de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

“Los centroamericanos merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura. Hoy, al publicar la lista 2022 de quienes socavan la democracia o incurren en corrupción, apoyamos a quienes construyen un futuro más brillante”, escribió Antony Blinken, secretario de Estado.

La Lista Engel
Los guatemaltecos incluidos en la lista son:

Dennis Billy Herrera Arita. Abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.

Carlos Estuardo Gálvez Barrios. Exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche). El actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Axel Arturo Samayoa Camacho. Propietario de varias empresas de transporte y camiones que operan en los puertos EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico) administrados por el gobierno, participó en importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos portuarios.

Ramiro Mauricio López Camey. Actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Ramón “Moncho” Campollo Codina. Actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Geisler Smaille Pérez Domínguez. Actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Sofia Janeth Hernández Herrera. Actual diputada en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández. Actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo). Actual directora del Instituto de Víctimas, socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Erick Gustavo Santiago de León. Exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.

Nery Oswaldo Medina Méndez. Actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Vitalina Orellana y Orellana. Actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Mauricio López Oliva. Actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Víctor Manuel Cruz Rivera. Actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.

José Luis Benito Ruiz. Exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.

De acuerdo con el Departamento de Estado, y conforme a los requerimientos de la Sección 353, “las personas extranjeras listadas en este informe no son elegibles en general para obtener visas para Estados Unidos ni para ser admitidas al país. A las personas extranjeras listadas en este informe se les revocará sus visas de inmediato y se les cancelará cualquier otra visa o documentación de ingreso válidos, a menos que opere alguna excepción o exención en el interés de la seguridad nacional.1 Conforme a la Sección 353(g), este informe se publicará en el Federal Register”.