GINEBRA (25 de noviembre de 2022) – Los procesos judiciales contra un exjuez y un exfiscal guatemaltecos constituyen un ataque al estado de derecho y una represalia contra su trabajo de derechos humanos y anticorrupción, dijo hoy un experto de la ONU.

Agencias/La Prensa de Occidente 

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha instado a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra Rivas y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, y proteger la independencia de los jueces y abogados del país.

“La criminalización de la señora Laparra y las amenazas contra el juez Gálvez son un ataque al estado de derecho”, dijo Satterthwaite. “Estoy especialmente preocupado por las irregularidades en el caso de la Sra. Laparra y su continua detención en condiciones que pueden poner en riesgo su salud y seguridad”.

Laparra, exfiscal anticorrupción, se encuentra en prisión preventiva por el proceso penal que enfrenta por su labor como fiscal en Quetzaltenango. Estos procesos contra Laparra se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva, dijo el experto.

Gálvez enfrenta un proceso previo al juicio que busca revocar la inmunidad de la que disfruta contra el procesamiento indebido.

Con más de dos docenas de años en el banquillo, Gálvez ha juzgado muchos casos centrados en la corrupción, el crimen organizado y el conflicto armado interno. En una decisión histórica de mayo de 2022, Gálvez dictaminó que numerosos militares y policías guatemaltecos acusados ​​de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato serían juzgados por su presunta participación en el caso conocido como Diario Militar. .

El experto de la ONU dijo que como resultado de presidir el caso de alto perfil, Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento. Recientemente renunció a su cargo.

“Se está abusando de la ley penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, que están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, dijo Satterthwaite.

Recordó además que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben estar sujetos a medidas penales o disciplinarias en función del contenido de sus decisiones legítimas. Dijo que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir con sus deberes en la lucha contra la corrupción.

“Estoy extremadamente preocupado por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes que debilitan el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo el Relator Especial.

También instó a las autoridades a garantizar que las personas que trabajan en el sistema legal no sufran ataques y represalias por su trabajo o por su género.

“Las autoridades de Guatemala deben actuar para consolidar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala protegiendo a todos los funcionarios judiciales”, dijo Satterthwaite.